El uso de los sistemas de salud, educación y el acceso al trabajo de las personas con discapacidad auditiva están estrechamente vinculados al lenguaje de señas.

Según Lea Labaki, investigadora junior de derechos del colectivo para Human Rights Watch, es clave romper las barreras de comunicación para poder participar en la sociedad como cualquier otro.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay 360 millones de personas con esta discapacidad y el 9% de esa población está en América Latina, es decir, alrededor de 36 millones. “El derecho de ellos para acceder a escuelas, tratamientos médicos o tribunales depende de su propio idioma”, dice Labaki.

Por ejemplo, un problema ocurrió en Sudáfrica. En ese país un hombre con discapacidad auditiva acudió a un centro de salud para que le realizaran una prueba de VIH, pero el personal de la clínica no pudo comunicarse con él.

Al final, el médico le hizo un análisis de sangre y le mostró un papel en el que indicaba: “Eres VIH positivo”. El paciente no recibió asesoramiento en su código.  

En Ecuador existen 50 intérpretes certificados por el Servicio de Capacitación Profesional, la Federación Nacional de Personas Sordas y el Ministerio de Educación.  

María Salvatierra es parte de ese grupo. Señala que deben existir políticas para que en bancos e instituciones académicas cuenten con estos profesionales. “La lengua de señas permite desarrollar el coeficiente”. (I)