Diana Salazar plantea la necesidad de un cambio constitucional para enfrentar a las mafias
Diana Salazar, exfiscal general del Estado y actual embajadora de Ecuador en Argentina, enfatizó en la necesidad de crear una nueva constitución de Ecuador, que cuente con mecanismos más efectivos para enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico.
En una entrevista con la periodista Janeth Hinostroza en el programa Visionarias, Salazar aseguró que se encuentra con licencia en Italia, tras recibir una invitación de la Comisión Nacional Antimafia del Parlamento de ese país para que exponga sobre las estrategias que empleó durante su gestión en la Fiscalía contra las asociaciones delictivas que operan en Ecuador.
"En Italia han reconocido la labor y los esfuerzos que desarrollamos desde la Fiscalía General del Estado, sin contar con un parámetro o una legislación antimafia como sucede en ese país", mencionó.
Entre los casos que se han destacado en el Parlamento italiano se encuentran "Pampa", en donde se lograron condenas contra una red de lavado de activos dirigida por el mafioso albanés Dritan Gjika, o "Metástasis", en donde se sentenció a una red que operaba para el fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Sobre el Caso Pampa destacó que la cooperación internacional de países como Ecuador, España y Arabia Saudita permitió la detención de Gjika en Emiratos Árabes Unidos, en mayo de 2025.
Las falencias constitucionales
Desde el punto de vista de la exfiscal, la actual Constitución del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no cuentan con normativas eficientes y tienen vacíos para enfrentar delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, terrorismo o lavado de activos.
Por ejemplo -explicó- que en estos delitos no es posible juzgar en ausencia, lo que ha imposibilitado capturar a capos que se ocultan en otros países. Además señaló que ninguno de estos delitos debería prescribir, al igual que ocurre con los relacionados a la corrupción en el sector público.
Salazar recalcó en la necesidad de contar con una legislación "antimafia", en donde por ejemplo se terminen los beneficios penitenciarios para personas que hayan recibido sentencias por delincuencia organizada.
Además, Salazar mencionó que debería instaurarse una prohibición constitucional para que sentenciados por narcotráfico o delincuencia organizada puedan participar en elecciones de autoridades seccionales, legislativas o presidenciales.
La embajadora ecuatoriana tampoco descartó una eventual candidatura a la Asamblea Constituyente, en caso de que triunfe el "SI" en la Consulta Popular del próximo 16 de noviembre de 2025.