En enero de 2025, un Tribunal Anticorrrupción sentenció a 17 años y cuatro meses de prisión a ocho personas acusadas de integrar una red de lavado de activos en el Caso "Pampa". El principal cabecilla de la estructura delictiva, el albanés Dritán Gjika, no pudo ser juzgado al encontrarse prófugo y en ausencia.

A diferencia de delitos de corrupción en el sector público como cohecho, enriquecimiento ilícito y peculado, los delitos relacionados a delincuencia organizada, narcotráfico y terrorismo no pueden ser juzgados en ausencia del procesado. Además casos vinculados a estos delitos también pueden prescribir. 

¿Qué reformas se plantearían?

La exfiscal Diana Salazar ha planteado una serie de reformas en caso de que gane el "Sí" a la pregunta de la Consulta Popular del domingo 16 de noviembre de 2025 y que establece la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente. Asegura que es necesario modificar la Constitución actual y con ello emprender las reformas necesarias al Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

Salazar, por ejemplo, defiende la posibilidad de contar con una normativa "antimafia", como la que funciona en países como Italia, y que se adapte a la lucha contra el crimen organizado que mantiene actualmente el Bloque de Seguridad, en el marco del Conflicto Armado Interno. 

En una entrevista con Visionarias, la actual embajadora de Argentina y posible candidata a la Constituyente, señaló que los instrumentos legales del Ecuador carecen de herramientas efectivas para combatir al crimen organizado en la actualidad. "No podemos seguir enfrentando a estructuras criminales del siglo XXI con leyes del siglo pasado", recalcó Salazar. 

Entre las reformas en una eventual Constituyente mencionó una prohibición constitucional para que sentenciados por narcotráfico, terrorismo o delincuencia organizada puedan presentarse como candidatos en elecciones seccionales, legislativas o presidenciales. 

También dijo que estos delitos no deben prescribir y permitir que sus autores sean juzgados en ausencia. Asimismo criticó al garantismo constitucional, en relación a beneficios penitenciarios a sentenciados por "delitos graves" y puso como ejemplo a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, quien tiene acceso a una computadora e Internet, pese a ser sentenciado por delincuencia organizada, en el Caso Metástasis. 

Según Salazar establecer juzgamientos en ausencia para algunos delitos relacionados a la delincuencia organizada permitiría desmantelar operaciones que algunos "capos" y "narcotraficantes" mantienen en el país desde el extranjero. 

Reformas constitucionales vs. reformas al COIP

Una de las críticas que se han realizado desde el Gobierno Nacional es la aparente facilidad para que criminales, incluso sentenciados por delitos graves por asesinato, pueden acceder a beneficios penitenciarios u obtengan boletas de libertad sin cumplir sus condenas, mediante controvertidas resoluciones judiciales. 

Por ejemplo, en 2022, el juez Emerson Curipallo, sentenciado por delincuencia organizada en el Caso Metástasis, liberó a Santiago Madrid, alias "Madrid" y John Navarrete, alias "Cuyuyuy", dos sicarios con sentencias ejecutoriadas por asesinato, que pertenecían a la organización delictiva del narcotraficante Leandro Norero. 

Los sicarios fueron liberados mediante el principio "inter comunis", que extiende el beneficio de un habeas corpus a terceros que comparten circunstancias comunes. 

Con otras controvertidas medidas cautelares también resultaron beneficiados sentenciados por corrupción, como el exvicepresidente Jorge Glas o el intermediario Daniel Salcedo, por poner algunos ejemplos. 

Santiago Coba, experto penalista y docente de la Universidad de Las Américas, explica que existe la posibilidad de establecer reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) desde proyectos de ley en el Legislativo, pero en el caso de las normativas que corresponden a garantías constitucionales implicarían una modificación constitucional, en la que se deberán considerar los convenios que mantiene vigente Ecuador con otros organismos, como los concernientes a Derechos Humanos. 

"Entendamos que nuestro ordenamiento jurídico se basa en tratados internacionales. Si queremos cambiar la Constitución para dejar de ser garantista podríamos ir en contra de resoluciones y tratados internacionales", señala. 

Coba también señala que el COIP debe modificarse para adaptarse a los nuevos tipos penales y nuevas formas de criminalidad que afectan al país en la actualidad. "Nosotros tenemos que adaptar el Código hacia la criminalidad compleja. Ahora no son los crímenes de oportunidad sino relativos a grandes grupos criminales organizados, en algunos casos ", dice. 

El experto penal recuerda -por ejemplo- que hasta hace pocos años los delitos relacionados a la corrupción en el sector público no eran imprescriptibles, por lo que ve necesario voluntad política para establecer esas modificaciones. "En caso que no se dé la Asamblea Constituyente, estas reformas deben realizarse. No están al mismo nivel las normas penales evolucionando como sí lo está el crimen transnacional", aclara. 

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) November 12, 2025