La jueza Primera de Garantías Penales del Azuay, Jenny Ochoa, dictó orden de prisión preventiva contra las dos personas  detenidas el miércoles anterior en el sector de Turi.

Ese día se produjeron enfrentamientos entre los comuneros y la Policía, por el inicio de los trabajos para la construcción del nuevo centro de rehabilitación de Cuenca.

Los ciudadanos fueron acusados de rebelión y ayer se les dictó la medida cautelar.
Varios pobladores del lugar intentaron impedir que la maquinaria entre al sitio a  iniciar la remoción de la tierra.

Algunos de los pobladores utilizaron palos y piedras en contra de los uniformados y de los maquinistas. Incluso el jefe de la Policía Azuay Nº 6, Lenín Bolaños, dijo que fue lastimado en uno de sus labios.

Ayer, en el quinto piso de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, los inculpados acudieron a la audiencia de flagrancia en la cual la jueza resolvió iniciar un proceso penal.

El abogado defensor de los imputados, Oswaldo Martínez, señaló que  no se trata de delincuentes comunes. “Hemos demostrado que no tienen antecedentes penales y que era improcedente su detención”, aseveró.

Añadió que la conmoción social que se dio el miércoles no fue iniciada por ellos y adujo la presencia de  personas infiltradas en los enfrentamientos.

“Hay personas interesadas en provocar el caos en la provincia”, insistió. Reiteró que los acusados no tienen ninguna participación en este hecho.

El delito de rebelión está tipificado con una sanción de 3 a 6 años de prisión. La Fiscalía podrá llamar en los próximos días a juicio a los detenidos y emitir un dictamen.

Mientras tanto, las obras continúan en el sector  La Playa, perteneciente a Turi.

No se han producido más incidentes, pese a que los habitantes siguen en constantes reuniones.
Para hoy está previsto que entre más equipo pesado al sitio para continuar con las obras previstas en el lugar del conflicto.

Los tractores y volquetes del consorcio Turi realizan trabajos de excavaciones en la zona donde se levantarán las plataformas y, además, se preparan para instalar los campamentos.

El gobernador  Humberto Cordero afirmó haber buscado, en más de veinte reuniones,  entendimientos con los pobladores  y muchos de ellos, según dijo, aceptaron que se construya el centro de rehabilitación.

“En el lugar existen nueve comunidades. Siete estaban a favor y dos aparentemente en contra porque existían dudas respecto a las obras complementarias”, resaltó.

Cordero indicó que, pese a la apertura para el diálogo, algunos comuneros tuvieron  una actitud beligerante.
La autoridad provincial  se solidarizó con el comandante de la Policía que resultó agredido.

Rechazó la actitud de algunos manifestantes que pusieron a mujeres embarazadas y a niños como escudos humanos el miércoles en que hubo los enfrentamientos.

El alcalde de Cuenca, Paúl Granda, manifestó que las medidas complementarias se harán realidad y que habrá obras de carácter colectivo.

“Lamento que tras las decenas de reuniones de socialización que hemos tenido mucha gente aún siga teniendo una actitud beligerante y violenta con obras de beneficio”, subrayó.