En Cuenca   los propietarios de locales y arrendatarios desconocen las regulaciones que establece el proyecto de reformas a la Ley de Inquilinato que, una vez vetada por el Ejecutivo podría entrar en vigencia en   abril próximo.

 Carmen Ruilova, propietaria de una casa en la capital azuaya, ha escuchado comentarios originados alrededor de la información que difunden los medios de comunicación, pero no ha revisado la normativa. 

Para  Marco Larriva, quien alquila   un local  para la venta de ropa, es positivo que haya una regulación al respecto. “Ya era hora, los dueños de los locales nos suben los arriendos cada mes  y nos hacen firman documentos en los que  ellos imponen sus condiciones”, comenta, aunque no conoce a ciencia cierta cómo se aplicaría la ley.

Para el concejal  Carlos Orellana  es un tema   que debe ser analizado, pues cree que será necesario  elaborar   una ordenanza  que  ayude a  regular  el arrendamiento; pero no descarta que la ley se convierta en un problema y no   una ayuda para los municipios.

El gobernador de Azuay, Humberto Cordero, consideró que la reforma a la Ley de Inquilinato garantizará  que los inquilinos no sean explotados, pues dijo conocer varias quejas por altos costos de los arriendos: “Los propietarios a veces  abusan y nunca firman un contrato, pero sí  les piden excesivas garantías”.