Trabajadores de la Prefectura de Azuay y el titular de este organismo, Paúl Carrasco, están enfrascados en una controversia.

Ello en medio de versiones en el sentido de que 235 empleados habrían sido despedidos de la institución, con visto bueno, por paralizar sus labores. El Prefecto cuestiona la cancelación de valores dispuestos por el Ministerio de Relaciones Laborales, por concepto de subsistencias y viáticos, pues a su criterio “el personal pasaría a recibir de $ 400 a $ 2.100, lo cual es inaceptable porque quebraría al Gobierno Provincial”.

La cartera de Estado emitió a mediados de septiembre un nuevo reglamento para cancelar esos dos rubros. En opinión de la autoridad azuaya cada trabajador fijo recibiría entre $ 40 y $ 80 dependiendo del sitio donde labora.

El funcionario se refirió también a la supuesta ausencia de estos colaboradores el día 30 de septiembre. “Decidieron no ir a laborar, sin un pliego de peticiones, sin aviso previo, sin un debido proceso”, sostuvo.

Jorge Quezada, secretario general de los trabajadores, indicó que desde el 1 de agosto de 2013 dispone de una copia emitida por el propio Carrasco, en donde se suspende la subsistencia.  

El dirigente manifestó que nunca se paralizó el trabajo. “El martes a las 08:00 se esperaba al Prefecto para solucionar el problema, ya que no teníamos dinero para ir a los campamentos, pero la irresponsabilidad o los compromisos de la autoridad provocaron que en lugar de atendernos a las 08:00 lo hiciera a las 10:00”, agregó.

Precisó que les están debiendo valores correspondientes a septiembre y octubre. “El Prefecto se ha despreocupado de los trabajadores”, dijo. Aseveró que los obreros no están aliados “ni a él ni al Gobierno”.

Quezada considera que el titular de la entidad provincial está mal asesorado y por eso se equivoca en sus declaraciones. “Al interior del Gobierno Provincial hay funcionarios que son enemigos de los trabajadores”, insiste.