Cuarenta de los 63 afectados por la próxima construcción de la Universidad Nacional de la Educación (UNAE), en la parroquia Javier Loyola, acudieron al Municipio de Azogues para expresar su preocupación por el desinterés en avaluar los terrenos de su propiedad a ser expropiados para la obra. “Cuando vino el Ministro Coordinador de Talento Humano dijo que no se iba a realizar ningún proceso, mientras no se llegue a un acuerdo en la indemnización”, manifestó Ibelia Argudo.

Indicó que ello no se está cumpliendo, pues ya se presentó el expediente del proyecto; pero sobre el futuro de ellos no se ha manifestado nada. “No vamos a dejar los predios mientras no se nos cancele el justo pago por nuestras propiedades”, dijo Claudia Tola, otra ciudadana, quien ha vivido por más de 35 años en este lugar y desconoce cuál será su destino.

La obra se levantará en un lote de 45 hectáreas. El Municipio cuenta con el terreno del antiguo CREA, que tan solo es de 10 hectáreas, por lo que se tendrá que intervenir en 35 más, lo que representa que alrededor de 63 deben ser indemnizadas.

Daniel Romero, morador del sector y representante de los afectados, manifestó que se está especulando con los costos y que no se acercan al precio real.

Por ello, dijo, decidieron acudir al Municipio para  pedir que empiece el proceso de negociación y valoración de las tierras y se establezcan precios justos.

Según Romero, existen valores aproximados de los pagos con los que no están de acuerdo, por lo que piden que el departamento de Avalúos  y Catástros  del Cabildo analice todos los aspectos y se establezcan los valores exactos.

De acuerdo a esa oficina municipal, en 15 días se tendrán listos los precios de los terrenos, donde se tomarán en cuenta todos los parámetros como accesibilidad de lote, servicios básicos, metros cuadrados, entre otros. “Todas estas características permiten dejar de lado criterios  subjetivos para determinar con exactitud los precios de los sitios”, dijo Eugenio Morocho, alcalde.

Además manifestó que los costos señalados por los dueños  son precios referenciales de acuerdo al pago de las tasas de interés o impuestos que cancelan las personas al año, pero no son los  de comercialización. “Ellos tienen preocupación respecto al costo del metro cuadrado por sitio, por que se  ha especulado sobre este asunto y se han confundido las cifras”, explicó.

Las áreas a expropiar son usadas en agricultura  y una parte pertenece al sector inmobiliario, que ha invertido en la construcción de villas por tratarse de una zona adecuada para la vida familiar.