Esta semana podría quedar lista la ordenanza -en su segunda discusión- para establecer parámetros en cuanto al proceso que deben seguir autoridades y ciudadanos, para la entrega de viviendas a las personas damnificadas por los deslizamientos en la provincia del Azuay.     

Se calcula que no menos de 120 familias serían las perjudicadas por los derrumbes.   

La legislación que se discutió y  aprobó en primera instancia, la semana anterior en el Concejo Cantonal, tiene como base una que se aprobó en 2001 en la administración del alcalde Fernando Cordero y en la que ahora se han implementado algunos artículos para mejorarla.

Según el concejal Carlos Orellana,  con la anterior norma se entregaban las viviendas y el lote o la misma casa que estaba en malas condiciones.

“Sucedía que las personas recibían la casa y en dos o tres años los o las afectadas  vendían el lote que quedaba en mal estado y a la vuelta de un tiempo  se volvían nuevamente en damnificados”, dijo.

Por ello se discute al momento  como primera condición la entrega de la vivienda o el terreno que está dañado al Municipio para hacer la entrega de la nueva vivienda.    

También se debaten varios requisitos como por ejemplo que “no puede ser beneficiario de una vivienda una persona que tiene otro bien edificado. La condición es que posea un solo bien” o “se  enajena la casa durante 5 años”.

En el área rural hay un tratamiento diferente debido a que los damnificados de estos sectores tienen terrenos con áreas más grandes y  están en labores agrícolas, por lo tanto, se enajenará o se prohibirá vender la propiedad por el resto de vida y que el dueño se dedique exclusivamente a las labores agrícolas y de pastoreo.

Para solicitar una casa es importante  que los damnificados soliciten el bono de la vivienda, ya que de por medio hay un decreto presidencial que califica quiénes son las personas merecedoras o no de un bono de relocalización.

De acuerdo con la información del concejal, existen hasta el momento 64 familias damnificadas y  el número puede ascender de acuerdo con el último censo que se está realizando. “Podríamos decir que en la provincia pueden existir 120 familias que necesitan el apoyo de las instituciones”, señaló.

Una vez que se apruebe, posiblemente esta semana,  en 21 días  se procederá a entregar las primeras viviendas que están ubicadas en Capulispamba a los damnificados, y hasta diciembre  unas 50 más.

Para el alcalde de Cuenca, Paúl Granda, es importante que se apruebe lo más pronto posible para re localizar a las personas que han sido afectadas. 

“Con eso, el proyecto Molino de Capulispamba podrá comenzar con el proceso de adjudicación”, dijo.

Agrega que el 90 ó 95% de personas que se han visto perjudicadas no tienen permiso de construcción, “sin embargo, solidariamente el Municipio busca solucionar este problema para estas personas”.

En este proyecto está incluido el problema de la ciudadela Jaime Roldós, al norte de Cuenca, donde 14 viviendas han sido afectadas por los deslizamientos y han quedado destruidas.

En este lugar existen aún cinco familias que no quieren salir del sector.

Para el alcalde es necesario realizar una demolición de algunas casas para evitar situaciones más complicadas.
“El peso que hacen las cinco viviendas y que deben ser demolidas es fuerte y pueden provocar un deslizamiento violento con consecuencias más terribles”, manifestó la autoridad.

El alcalde dijo que se ha pensado en un desalojo, pero también existen amenazas de daños y perjuicios.
“Espero que haya conciencia y acepten nuestra propuesta”, indicó.

De su lado, Fabián Farfán, gerente de la empresa Municipal de Vivienda, dijo que existen personas con prioridad 1, 2 y 3.
Manifestó que hay 42 casas listas en el proyecto de Capulispamba y en Miraflores son 190 viviendas que están en proceso de construcción: “vamos a dar todo el apoyo a las personas que han perdido sus casas”, dijo el gerente.