El Centro de Rehabilitación Social  Regional Cotopaxi, cuya capacidad es para 4.800 personas privadas de la libertad (PPL), alberga, al momento, a 620 ciudadanos.

De esta cifra, 351 estuvieron en el expenal García Moreno, de Quito, y 269 en la excárcel que funcionaba en el centro de Latacunga.

Según las autoridades, arribarán, progresivamente, más personas de las cárceles de Imbabura, Tungurahua y las que faltan de Pichincha.

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, manifestó que el personal del Ministerio de Salud trabaja en turnos, durante las 24 horas, para atender las necesidades médicas de los internos.

Sin embargo, hay enfermedades que no pueden ser atendidas por los galenos y enfermeras. “Por ello, algunos detenidos deben ser trasladados al Hospital General de Latacunga para que sean evaluados por especialistas”, indicó Orfaith Rivera, director provincial de Salud de Cotopaxi.

El consumo de drogas fue controlado por los responsables de la prisión y eso le resta peligrosidad. Además, al momento del traslado cuentan con resguardo policial. “Al llegar a la casa de salud son atendidos inmediatamente, de modo que no se incomode a los pacientes regulares”, añadió Rivera.

Diligencia judicial

En tanto, el viernes pasado se realizó en la sala 8 de la Corte de Justicia de Cotopaxi,  la audiencia de formulación de cargos a los 5 aprehendidos que habrían intentado amotinarse el jueves anterior.

El proceso se realizó por medio de una videollamada, con un juez designado que se encontraba en la sala de audiencias de la cabecera cantonal.

El gobernador, Fernando Suárez, explicó que la revuelta se habría producido debido a que los internos ya no tienen televisión, estufa y otros privilegios de los que gozaban en otros centros. “El nuevo sistema integral penal de rehabilitación no da paso al ocio”, aseveró.

Con este antecedente, el Consejo de la Judicatura (CJ) de Cotopaxi, a través de su director Fabián Fabara, propuso incrementar los jueces de la Unidad Penal con el objetivo de cumplir con los requerimientos de la carga procesal que demandará el centro de rehabilitación social (CRS) desde junio, cuando se prevé se haya cumplido con el 100% del traslado de los privados. “Cada uno de ellos podría ser un usuario del servicio de justicia en materia de garantías penitenciarias”, justificó Fabara, quien considera que es preferible adelantarse y tomar precaución.

Durante la semana anterior, la Dirección de Talento Humano y la Dirección de Mejoras Continuas del servicio de justicia, fueron puestas al tanto del tema, para su respectivo análisis.

Además el CJ ya realizó visitas al centro a fin de conocer las causas penales de los internos. Para esto, se integró un equipo interdepartamental a escala provincial. “Un sistema de videoconferencia que facilite la gestión del CJ, es una de las necesidades que identificamos al momento”, señaló Fabara.