El hecho ocurrido el 27 de enero de 2018, cuando detonó una bomba en el Comando de Policía de San Lorenzo, fue calificado como el primer atentado terrorista en Ecuador, lo que dio lugar al establecimiento del estado de excepción, que se ha mantenido y ampliado por los posteriores hechos de violencia, secuestro y muerte de militares y civiles en la frontera.

Los factores de violencia en la región provienen de la compleja economía que el narcotráfico impone y por la presencia de actores de diverso origen, sea paramilitar, desmovilizados o bandas vinculadas a carteles de la droga.

El Gobierno ecuatoriano se dispuso a enfrentar estos hechos mediante el desarrollo de una estrategia militar que se implementó a través de acciones de inteligencia y operativos combinados de la fuerza pública que hasta el momento ha dado como resultado la detención de más de 40 personas. Esta perspectiva se ha visto reforzada con la firma del reciente convenio de cooperación entre Ecuador y EE.UU. cuya finalidad es combatir el crimen organizado transnacional y el narcotráfico; sin embargo, el enfoque de derechos humanos aún es marginal.

Al respecto, el sistema universal de derechos humanos ha desarrollado mecanismos que buscan contribuir con los Estados para que incorporen esta perspectiva; es por ello que se creó la Relatoría Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, instancia que plantea directrices para abordar temas como la normalización de las atribuciones excepcionales en materia de seguridad; las necesarias relaciones jurídicas entre las normas y regímenes de seguridad nacional o estados de excepción y los derechos humanos y derecho humanitario; la inclusión del enfoque de género y la promoción de los derechos y la protección de la sociedad civil y los espacios cívicos y comunitarios.

El momento crítico que vivimos, también, genera oportunidades que se verán reforzadas cuando nuestros gobernantes busquen otro tipo de soportes, como son los mecanismos del sistema de derechos humanos. (O)