La gobernabilidad puede ser entendida como la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la eficaz acción de un gobierno. La historia democrática de nuestro país nos reseña varios episodios en que diferentes tipos de poderes se contraponen a los planes del gobierno de turno; así teníamos los conflictos entre gobierno y sindicatos, gobierno y sectores rurales, gobierno y clase empresarial, gobierno y profesores, además del clásico conflicto entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo.

Pero existe un poder que de manera silenciosa muchas veces presenta una tenaz resistencia a los planes del gobierno, su incidencia es a nivel nacional y afecta a todos los estratos sociales: ese poder lo ostenta la banca privada. A partir del feriado bancario de 1999, los gobiernos de turno adoptaron medidas para regularizar las operaciones crediticias de la banca privada, prohibiendo los préstamos vinculados, cobros de tasas sobre tasas de interés, regulando el cobro de comisiones, así como la exigencia de enviar mayores reportes a los organismos de control, distribución del crédito, entre otros, llegando así a importantes medidas como la obligación de la banca de mantener y aumentar sus activos líquidos dentro del país. En varias oportunidades existieron pronunciamientos en contra por parte de la asociación que representa a la banca.

Revisando las cifras del Banco Central del Ecuador entre los años 2005 y 2016, la cuenta ‘Depósitos a la vista’ sumada al ‘cuasidinero’, que juntas reflejan los depósitos al sistema financiero de las instituciones públicas, empresas y hogares, mantuvieron un saldo en permanente crecimiento desde el 2005 al 2014. En 2015, año en que cayeron los ingresos petroleros por la caída del precio del barril del petróleo, el saldo de dichas cuentas se redujo en más de dos mil millones de dólares; en el 2016, dicho saldo recuperó el crecimiento sostenido de años anteriores.

Por otro lado, la cuenta ‘Crédito al sector privado (empresas y hogares)’ que refleja los préstamos otorgados por la banca, entre el 2005 y el 2016 mantuvo un comportamiento similar a las cuentas de depósito a la vista y cuasidinero; esto es, la banca incrementó los préstamos cuando se incrementaron los depósitos del público.

Excepto en 2009, año en que empezaron las reformas por la nueva Constitución aprobada el 2008, cuando el otorgamiento de préstamos descendió pese a que los depósitos del público continuaron creciendo; consecuentemente la tasa de desempleo llegó a estar en 9,06% al tercer trimestre del 2009 frente a 7,31% del año anterior. En el 2015, con menores ingresos petroleros,  las cuentas de depósitos y préstamos descendieron por igual y, en el 2016, se recuperaron tanto los depósitos como los préstamos. Esto significa que la banca privada tiene un comportamiento similar al de las demás empresas privadas; esto es, expande sus operaciones ante un panorama positivo y se contrae ante la incertidumbre.

Pero en 2009, pese al panorama económico positivo, la banca privada decide unilateralmente reducir el otorgamiento de créditos a nivel nacional, presionando al gobierno, creando recesión económica; el incremento de la tasa de desempleo significaría la pérdida de más de 70.000 puestos de trabajo en ese año.

Ante esto, ¿cómo creer en la propuesta del candidato vocero de la banca, de crear un millón de empleos?

Y sobre todo, ¿quién nos garantiza que no estaremos nuevamente sometidos a los intereses de la banca? (O)