Ecuador rindió su examen periódico universal el 5 de mayo en Ginebra ante 83 delegaciones de diversos países. La información preparada para el efecto incluía el reporte del EPU 2008 y 2012, el informe del Estado, de las organizaciones civiles, de la Defensoría del Pueblo y una compilación de los informes de los órganos de los tratados, preparada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El examen consta en el informe A/HRC/36/4 del Consejo de Derechos Humanos del 10 de julio de 2017; en este se puede establecer un total de 260 puntualizaciones, 70% reconocen avances y 30% plantean preocupaciones.

En el universo de los avances se reconoce al ámbito educativo (13%), por la inversión pública, la existencia de un plan decenal y el desarrollo de un sistema inclusivo que apunta a reducir el analfabetismo e incorporar al sector indígena y rural; la participación política de la mujer (12,5%); la lucha contra la pobreza y la reducción de la desigualdad (11%): contar con el Plan Nacional del Buen Vivir (7,5%); la inclusión de grupos vulnerables como NNA, afrodescendientes, LGBTI (7%); la legislación y acciones de defensa de las personas con discapacidad (6,5%); la inversión y acceso universal al sistema de salud (5,5%); la ratificación de instrumentos internacionales (5,5%); la aprobación del COIP y la tipificación del femicidio, de los delitos de odio y los delitos de lesa humanidad (5,5%) entre otros.

En el global de las preocupaciones se apunta a la discriminación y violencia a la mujer y la reproducción de los estereotipos de género (13,3%); la falta de independencia judicial, (13,3%); las dificultades para el ejercicio del derecho de asociación de las organizaciones civiles (11,6%), la presencia estructural de la discriminación racial (10%), los temas relativos a la libertad de expresión e inadecuada aplicación de la ley de comunicación (10%), la persistente violencia y maltrato contra NNA en centros educativos (8,3%), entre otros.

Si bien la perspectiva de los países que intervinieron en el EPU no es determinante porque no tienen la suficiente información del contexto del país, coloca en la agenda pública temáticas que demandan a nuestro Estado y sociedad la necesidad de abordarlas y procesarlas democráticamente. (O)