Los biocombustibles son parte de las fuentes consideradas como energías renovables que aportan a la mitigación del cambio climático. Son una alternativa frente al uso de combustibles de origen fósil, sin embargo, su producción ha causado controversias de tipo social, industrial y ecológico, debido a que requieren de suelo que puede estar destinado a fines alimentarios. De ahí que nace la duda con respecto al aprovechamiento energético frente a la seguridad alimentaria y los beneficios o perjuicios derivados de su uso.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), la seguridad alimentaria se da cuando “todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a los alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”. El conflicto que se genera entre el aprovechamiento energético y la seguridad alimentaria surge del incremento de actividades agrícolas, como la producción de maíz con fines energéticos, reduciendo el producto destinado a alimentación. Además, propicia el monocultivo que degrada los suelos, agota los nutrientes y demanda un excesivo uso de agua.

La misma FAO estima que la producción de etanol se incrementará en casi 70% en el periodo 2012-2022, este nivel de producción ocupará 12% de la producción mundial de los cereales secundarios y 29% de la caña de azúcar. Se consideran cereales secundarios el maíz, sorgo y mijo. Siendo la problemática de estos cultivos la reducción de la disponibilidad para consumo en alimentación humana debido al incremento de su uso para la producción de biocombustibles.

Según el estudio de prospectiva de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) sobre el Estado Actual de los Biocombustibles en América Latina y el Caribe para 2018, el aporte de los biocombustibles sobre la demanda total de la energía será del 3%, por lo que es necesario establecer mecanismos que permitan el desarrollo sostenible de este recurso energético mediante la implementación de políticas públicas y normatividad.

En ciertos países la producción de biocombustibles ha sido considerada como un contribuyente al desarrollo agrícola, industrial e investigativo, por lo que se han establecido políticas arancelarias y subsidios especialmente en lo que se refiere a mezclas con otros combustibles como diésel o gasolina.

En el caso de Ecuador el uso de biocombustibles se ha definido como prioritario para el cambio de la matriz productiva, es así que se ampliarán a 80 mil hectáreas las plantaciones de caña de azúcar, para suplir 900 millones de litros de etanol hasta 2020; al menos 66 mil hectáreas corresponden a cultivos nuevos, para este incremento se consideró tres premisas basadas en: seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental e inclusión productiva.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca presentó la zonificación para cultivos de palma aceitera cuya producción se destina a la obtención de biodiesel, identificándose alrededor de 333 mil hectáreas. Además, se determinó que actualmente existe un excedente tanto de caña como de palma aceitera, por lo que se puede utilizar para la producción de biocombustibles sin causar desabastecimiento de azúcar y productos de consumo en general.

El manejo y producción de biocombustibles debe ir de la mano con políticas públicas que consideren la seguridad alimentaria en el uso de cultivos agrícolas, el ordenamiento territorial para la producción de agrocombustibles, protección y control ambiental y uso del agua.

Finalmente se debe hacer énfasis en el uso de nuevas tecnologías de obtención de biocombustibles que utilicen biomasa no alimenticia o forestal con rendimientos mayores mediante la investigación aplicada. (O)