Somos responsables de la sociedad en la que vivimos. Puede ser una sociedad donde la culpa de violaciones se le eche a la víctima, como sucedió con Martha; una sociedad en la que hordas xenófobas arrastran por el suelo y queman las pertenencias de personas que llegaron buscando refugio, como sucedió en Ibarra. O puede ser una sociedad en la que la prevención de la violencia de género, o mejor dicho, la despatriarcalización, es una tarea común; y donde prima la solidaridad con los más débiles, como también sucedió en Ibarra, cuando un grupo de ecuatorianos llevó víveres y colchones a los migrantes venezolanos aterrorizados. Nosotros, nosotras, hacemos las comunidades con las que compartimos en el día a día, en nuestras casas, nuestros barrios, nuestros lugares de trabajo, en los colegios de nuestros hijos. Hacemos la sociedad.

La solidaridad con la gente que huye del hambre y de la falta de medicamentos en Venezuela está muy relacionada con la empatía con mujeres y niñas violadas. Tanto el patriarcado como el racismo y la xenofobia constituyen, desde siempre, bases constituyentes de una sociedad que pone por delante el individualismo posesivo y la apropiación violenta, que considera que amontonar bienes materiales para uno mismo constituye el colmo de la felicidad.

Los valores no se inculcan. Se viven en el día a día. Solo cuando el discurso y la práctica coinciden, los valores cobran vida. Aprendemos mucho más en la convivencia, que de los libros de texto o del sermón del domingo. Es nuestro ejemplo, el de todas y todos, que cuenta. Imperdonable en este sentido el comunicado de Lenín Moreno que implícitamente culpa a “los venezolanos” del asesinato de Diana. Pero esto no quita un ápice de responsabilidad a aquellos y aquellas que se sumaron a la persecución xenófoba de la noche siguiente.

Si después de los femicidios de las últimas semanas, comenzamos a limitar el radio de movilidad de nuestras hijas, con esta acción sostenemos la tesis de que Martha no debió estar donde estuvo, nos hacemos cómplices de la cultura de la impunidad. Contribuimos a invisibilizar que la gran tajada de violencia hacia mujeres, niñas y niños sucede en la familia, en las instituciones educativas o los espacios religiosos. Todos estos, lugares ideológicamente categorizados como seguros.

La seguridad no depende de fronteras cerradas, ni de leyes más punitivas, ni de más policías o guardias, ni de más cercas eléctricas en urbanizaciones cerradas. Depende de la calidad de nuestra convivencia, de las redes de amparo y cuidado que somos capaces de construir, y de cómo asumimos nuestras responsabilidades frente a la comunidad que nos rodea. (O)