En los 10 últimos años, el sistema policial, judicial y penitenciario en Ecuador dio un giro de 180 grados. La transformación de estos tres sectores primordiales en la seguridad y bienestar de la ciudadanía parte de un solo libro: la Constitución de la República de 2008, que puso los parámetros para que el país, a través de sus organizaciones gubernamentales, desarrolle cada una de las ideas que se plasman en la Carta Magna, empezando por el respeto de los derechos de los ecuatorianos.

Ese derecho era vulnerado antes del 15 de enero de 2007, cuando Rafael Correa se posesionó del sillón presidencial. Era la época del arresto sin nombre, de las desapariciones forzadas, de la prisión preventiva para el enemigo, de los jueces nombrados por cuota de magistrados o por amistad y cuestionados concursos de méritos; ni qué decir de las cárceles sumidas en lo más bajo, la violencia, el tráfico de drogas, la adicción y la muerte.

Con la elaboración, en 2008, de la nueva Constitución empezó la innovación en la Policía Nacional con la presencia de nuevos elementos, capacitados con la consigna del acercamiento a la gente. El proceso incluía la construcción de Unidades de Policía Comunitaria (UPC), del Sistema Integrado de Seguridad (ECU-911) para una mejor visión del cometimiento del delito y del infractor; e incluso de una mayor presencia del personal femenino en sus filas, con la oportunidad de dirigir y fortalecer a la institución en sus principales tareas.

La creación del Consejo de la Judicatura puso orden en el sistema judicial, desde definir la estructura de funciones hasta las leyes y reglamentos por las que estarían cobijadas y aplicarían justicia. Para ello se dictaron códigos y se construyeron verdaderos complejos judiciales, donde la atención al usuario es su principal característica.

Si los jueces administran justicia bajo la tutela constitucional y la aplicación de códigos y leyes, el sistema penitenciario debía priorizar la rehabilitación social de las personas privadas de la libertad siguiendo los parámetros de la Carta Política.

Para cumplir este objetivo se levantaron edificios donde albergaron al interno, lo curaron de su ceguera educativa y ahora le dan la oportunidad de educarse y prepararse académicamente, de aprender un oficio y trabajar con un sueldo. Sacarlo del mundo oscuro de las drogas y rehabilitarlo para que sirva de la mejor forma a su familia y la sociedad.

Como en todo gobierno, aún queda mucho por hacer en estos tres sectores, que ya tienen un rumbo trazado: mejorar y fortalecerse cada día.

Foto: José Morán / EL TELÉGRAFO

El Gobierno invierte en la Policía

En el período 2000-2007, la inversión en seguridad alcanzó los $ 375,5 millones; mientras que entre 2008 y 2015 esa cifra subió a los $ 3.294,92 millones. Ello se reflejó en el incremento de policías que pasaron de 32.652 a 46.653, destacando que ahora quienes se gradúan en las escuelas de formación de policías obtienen la licenciatura como técnicos en Seguridad Ciudadana. “Pasamos de una doctrina militarizada a una civil-comunitaria para el ser humano. Formaremos hasta finalizar el año a 17.000 gendarmes”, decía el exministro del Interior José Serrano Salgado, hoy presidente de la Asamblea Nacional.

El Ministerio del Interior recuperó la dignidad de los gendarmes y construyó 452 UPC y 10 Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) a nivel nacional. Hasta este año se entregarán 4.157 patrulleros y 4.563 motos. La inversión -solo en ese aspecto- fue de $ 196 millones. Se edificaron cuatro laboratorios de criminalística.

El viceministro del Interior, Diego Fuentes, destacó que esta inversión dio sus frutos en la reducción de los principales delitos, entre ellos los asesinatos. Hace 10 años las muertes por violencia criminal eran del 78%, ahora son del 47%. Lo importante es que la tasa de homicidios bajó a 5,6 por cada 100.000 habitantes.

Según Fuentes, antes la seguridad se limitaba al accionar de la fuerza pública y su lucha contra la delincuencia común y organizada. Otro delito que descendió fue el robo a personas. Para poner un ejemplo, en 2015 se reportaron 29.000 y al año siguiente 24.834.

A esto contribuyeron los 16 centros del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911, que funcionan en el país. Este organismo articula la atención de emergencias con la participación de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpos de Bomberos y otros organismos gubernamentales. Su inversión fue de $ 273 millones y tiene la capacidad para monitorizar 3.069 cámaras de videovigilancia, colocadas a nivel nacional, que captan los delitos y urgencias.

En el pasado quedaron los casos de policías que irrespetaron los derechos humanos de las personas e incluso del presidente Correa, en el fatídico 30 de septiembre de 2010. Por este hecho, 22 policías fueron procesados por 15 delitos.

Hoy se forma al gendarme en la atención y respeto de las personas, para lo cual cada vez son mayores los requisitos de ingresos a las filas policiales, donde ahora es esencial aprobar la prueba del polígrafo. Paralelamente, a partir de 2013 empezó la depuración de los malos elementos, es decir los descarriados que se dejaron seducir por las organizaciones criminales.

El 28 de abril de este año, Fuentes reveló que en cinco años el plan de depuración sacó de la institución policial a 936 gendarmes que optaron por involucrarse con la delincuencia común y el crimen organizado.

Las cifras policiales señalan que en 2013 salieron de la Policía 208 agentes; en 2014, 377; en 2015, 199; y en 2016, 120. De enero al 15 de mayo, fueron separados 25 gendarmes. La mayoría está inmersa en delitos de asociación ilícita, robo, entrega de información a bandas criminales, extorsión, cohecho, faltas administrativas, microtráfico y narcotráfico internacional.  

Durante este tiempo la equidad de género de a poco se incluye en las filas policiales. Al momento hay dos mujeres generales; en los grupos de élite también las féminas se desempeñan como agentes.

Foto: Miguel Jiménez / EL TELÉGRAFO

Renovación del sistema judicial

Desde el período de transición 2011-2012 hasta diciembre 2016, el Consejo de la Judicatura, presidido por Gustavo Jalkh, ha invertido $ 300’915.633,58 en la construcción, remodelación y adecuación de 72 unidades judiciales del país. La moderna infraestructura judicial empezó a funcionar con la presencia de defensores público, fiscales y jueces, así como personal administrativo para brindar a los ciudadanos un servicio de primera, como lo manda la Constitución de la República, que estableció cada uno de los pasos que debe dar la Judicatura.

Por eso, era necesario que se incrementara el número de servidores judiciales. Y así pasó. En 2012 solo había 312 defensores públicos, 567 fiscales y 1.310 jueces.

Esas cifras cambiaron en 2016, pues los  primeros se incrementaron 724; los segundos, en 849; y los terceros, 2.083. “Este último rubro equivale a una tasa de 12,6 jueces por cada 100.000 habitantes, superando el promedio regional que es de 11,8”, según Jalkh.

También en el período de 2013-2016 se fortaleció el sistema pericial, puesto que de 1.789 profesionales especializados la cifra se incrementó a 8.822. Ellos contribuyen a la investigación de los delitos.

Las notarías aumentaron en el país, de 428 subieron a 598. Sus titulares recibieron más facultades en la entrega de servicios.

El sistema judicial se innovó a partir de 2014 con la aplicación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipificó nuevas figuras delictivas, como el femicidio; y en 2016 con el Código Orgánico General de Procesos (Cogep). El primero impuso la tecnología en firmas, casilleros y expedientes, así como diligencias por videoconferencias; el segundo implementó la oralidad en las audiencias. Esto significó que haya menos audiencias fallidas y que se eleve la productividad procesal. Además, la caducidad de la prisión preventiva se redujo, pues en 2008 era de 17,89% y el año pasado se fijó en 0,3%.

La Fiscalía invirtió más de $ 30 millones en los últimos seis años en ampliación y modernización de su infraestructura física y tecnológica para brindar una atención eficiente a la ciudadanía. Asimismo, se crearon 71 unidades especializadas en la lucha contra la violencia de género.

Un salto histórico en la investigación científica se dio en Ecuador al construir ocho centros de Investigación de Ciencias Forenses en Manta, Esmeraldas, Santo Domingo, Ambato, Nueva Loja, Cuenca y Machala. También la Fiscalía implementó el sistema de cámara de Gesell, para que las víctimas de abusos rindan sus testimonios; de una que se tenía en 2011 hoy se cuenta con 28 a escala nacional.

Sistema Ecu 911. Foto: Fernando Sandoval / EL TELÉGRAFO

La rehabilitación es vital para el preso

El dinero invertido en la transformación penitenciaria supera los $ 300 millones; con este presupuesto fueron construidos los tres centros de rehabilitación social (CRS) regionales en Guayas, Cotopaxi y Azuay. Los dos primeros con capacidad para 4.800 personas privadas de la libertad y el último para 2.700. Además, se destruyó la Penitenciaría del Litoral y sobre sus cimientos se levantaron 12 nuevos pabellones con otros 4.800 espacios para los internos.

Con las 17.100 nuevas plazas se clausuraron vetustas cárceles que no contaban con adecuadas condiciones de seguridad ni de respeto a los adultos en conflictos con la ley. Los centros cerrados fueron el expenal García Moreno y El Inca, en Quito; el femenino y el masculino de Cuenca, más otras cárceles en Latacunga y Vinces. Además, la prisión de Alausí fue remodelada y ahora funciona como centro de contraventores.

Con las nuevas construcciones, en 2015 el hacinamiento penitenciario se ubicó en el 0,24% a nivel nacional. Antes, en algunos recintos penitenciarios la aglomeración superaba el 200%, según informó Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Sin embargo, ese porcentaje aumentó cuando en abril de 2016 un terremoto de 7,8 grados sacudió a Ecuador y dos cárceles fueron afectadas: El Rodeo, en Portoviejo (Manabí) y la de Esmeraldas. La primera fue reconstruida con una inversión de $ 19 millones y reinaugurada el jueves pasado.

Según los registros de la cartera de Estado, en 2009, menos del 10% de la población penitenciaria accedía a la educación, pues los centros de rehabilitación social no contaban con áreas adecuadas, no había asignación de docentes y el nivel de deserción de los internos era del 50%.

Hasta finales de 2016, un total de 8.125 personas privadas de libertad formaban parte del sistema educativo formal ecuatoriano (alfabetización, posalfabetización, educación básica, bachillerato y educación superior) y otras 400 siguen carreras universitarias.

Pero no solo los internos se educan, sino que también tienen oportunidades para trabajar. El 22 de mayo de 2015 se suscribió el Acuerdo Interministerial N° MDT 2015 004, con el Ministerio de Trabajo y se firmó el reglamento que regula la condición especial de relación de dependencia de las personas que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad.

152 internos se capacitan en la empresa La Fattoria y 37 personas tienen contratos formales. Desde el año pasado, 16.509 personas privadas de libertad se vincularon a actividades del área laboral y 87 fueron certificadas por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, como maestros artesanos en carpintería, metalmecánica, corte, confección y bordado, electricidad, luthería y panadería.

Adicionalmente, 4.114 presos se beneficiaron de 70 actividades culturales: dibujo, pintura, música, guitarra, cine, danza, lectura, teatro, literatura y demás expresiones artísticas que promueven la sensibilización de los internos.

En 8 años disminuyó el número de detenidos sin sentencia condenatoria. En 2007 se registraba el 71%  de apresados como procesados y el 29% con sentencia; pero en 2015, esta tendencia se revirtió: fue 26% de detenidos sindicados y 73,4% de sentenciados. En 2008 se registraron 2.061 caducidades de prisión preventiva, lo que significó 17,89% del total a nivel nacional. El panorama cambió en 2016, solo hubo 5 caducidades, que era el 0,02%.

Los cambios tecnológicos aportaron para agilizar los procesos y garantizar la seguridad ciudadana. Dentro de los CRS no solo se crearon espacios exclusivos para educación, para desarrollar capacidades laborales y artísticas, sino que también se adecuaron salas con equipos de videoconferencia para que los internos sean procesados sin salir de las edificaciones. Desde enero de 2015 a abril de 2016 se efectuaron 10.419 audiencias por este medio, lo que representó un ahorro para el Estado de $ 6’833.171. Esto evitó que 12.327 privados de libertad sean trasladados desde los reclusorios a las casas judiciales.

Además, en abril de 2017 inició la instalación de los primeros de 4.000 dispositivos de vigilancia electrónica. La puesta en marcha de este sistema prevé un ahorro anual para el Estado de $ 23 millones.

Esta alternativa es excepcional y está dirigida, conforme lo establece el COIP, a las personas sentenciadas que cumplieron entre 60% y 80% de su pena; a los procesados que no tienen condena; a las víctimas y testigos; y en casos especiales de internas embarazadas, de la tercera edad o que padezcan una enfermedad incurable.

Los guías ahora se preparan, en este mes 322 jóvenes se encargarán de la seguridad carcelaria. (I)

Foto: José Morán / EL TELÉGRAFO