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Pleno de la Asamblea Nacional determina juicio político contra exsuperintendenta de Economía Popular

El Pleno de la Asamblea Nacional calificó el último juicio político del período extraordinario contra la exsuperintendenta Margarita Hernández.
El Pleno de la Asamblea Nacional calificó el último juicio político del período extraordinario contra la exsuperintendenta Margarita Hernández.
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La Asamblea Nacional tendrá espacio para su último juicio político del período legislativo extraordinario 2023-2025. Con 103 votos a favor, el Pleno del Legislativo resolvió este martes 29 de abril de 2025 llamar a juicio político a Sofía Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, por presunto incumplimiento de funciones. 

Hernández es señalada por supuestamente no ejercer los controles y supervisión adecuada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, que entró en liquidación forzosa en diciembre de 2024. Hernández también habría sido responsable de emitir una resolución para dejar sin control a las cajas comunales. 

El Pleno de la Asamblea conoció el informe de posturas de los miembros de la Comisión de Fiscalización, quienes no llegaron a un acuerdo para presentar un texto que recomiende o no continuar con el procedimiento. 

La solicitud de interpelación contra la exfuncionaria fue entablada por el legislador Xavier Jurado (ADN), tras establecer que no cumplió con las disposiciones del artículo 147 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidariaria, en el que se determina ejercer el control de las actividades económicas y la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control. 

En su intervención en el Pleno, Jurado señaló que el juicio político es para defender los intereses de los clientes que tienen sus ahorros en las instituciones financieras de economía popular y solidaria.

En la votación, 103 asambleístas de todas las bancadas legislativas se pronunciaron a favor del juicio político. 

Con ello, Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, tendrá un plazo de cinco días para incluir el procedimiento en el orden del día y realizar la respectiva interpelación.

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