Ecuador / Martes, 30 Septiembre 2025

Comisión de Soberanía señala que es la única autorizada para fiscalizar hechos del paro nacional

Comisión de Seguridad, en la sesión del 29 de septiembre.
Foto: Asamblea Nacional.
Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, señaló que es la única mesa legislativa encargada de la fiscalización del paro nacional.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad de la Asamblea Nacional arrancó con el proceso de fiscalización por los incidentes de violencia ocurrido en el marco de las movilizaciones indígenas y campesinas, en el norte de Ecuador. 

A través de un comunicado, la mesa legislativa señaló que es la única que tratará sobre esta problemática y descartó que la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, con mayoría correísta, pueda realizarlo. De hecho indicaron que la convocatoria realizada por esa mesa legislativa este martes 30 de septiembre de 2025, era "nula e ilegítima". 

Según el artículo 26, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa solo una comisión puede ser delegada para fiscalizar o tratar un tema. "Cuando una comisión legislativa prevenga el conocimiento de un proceso de fiscalización y control político ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades o servidores sobre la misma materia o asunto", señala la normativa. 

La legisladora Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, argumentó que el inicio del proceso de fiscalización fue remitido a la presidencia de la Asamblea Nacional, la Secretaría General y todas las Comisiones Permanentes el 29 de septiembre de 2025, con lo que la mesa de Garantías Constitucionales está inhabilitada para tratar la problemática. 

Esta última comisión convocó a una fiscalización por "presuntos abusos y vulneraciones a los derechos humanos" en el contexto de las movilizaciones, sin tener la atribución para hacerlo. Incluso en en el llamado efectuado este martes incluyeron un manifiesto para solidarizarse con 12 personas detenidas y procesadas por el supuesto delito de terrorismo, tras su posible participación en la destrucción de un cuartel policial en Otavalo, el lunes 22 de septiembre. 

También recibieron a Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), líderes sociales y familiares de los detenidos. De hecho, pese a que la comisión no tenía la potestad, sus integrantes aprobaron de manera unánime una moción para fiscalizar supuestos abusos cometidos por militares y policías. 

"La Presidencia de esta Comisión de Seguridad se reserva el derecho de presentar los recursos necesarios para que se tomen las acciones que correspondan ante este incumplimiento. Ratificamos que este proceso de fiscalización continuará en la Comisión de Seguridad de manera técnica, apegada a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y alejada de intentos politiqueros de capitalizar situaciones de alta sensibilidad para el país", recalcó Alarcón, a través de un comunicado. 

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