En enero de 2018, la Asamblea Nacional aprobó la ley que busca erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Entre los temas que se debatieron figuró el aborto. Aunque este no fue despenalizado, la normativa incluyó el artículo 26, literal k, en el que se garantiza el acceso libre y gratuito, la atención integral, confidencial y sin discriminación a todas las mujeres que presenten un aborto en curso.

10 meses después el debate vuelve al Legislativo, pues el país solo permite una de estas prácticas en dos casos: cuando peligra la vida de la madre o en casos de violación, siempre y cuando la mujer presente algún tipo de discapacidad.

¿Qué pasa con las niñas y mujeres que después de una violación inician un proceso de gestación?

En Ecuador, según cifras de Plan Internacional, siete niñas de entre 10 y 14 años dan a luz a diario. Alejandra Cárdenas, docente e investigadora de la Universidad de las Américas, recordó que la ONU señaló que el mantener la penalización del aborto en casos de violación se puede equiparar a la aplicación de torturas, lo que genera un impacto negativo para la salud pública.

Por ello, organizaciones pro derechos de las mujeres presentaron un proyecto de propuestas a la Comisión de Justicia de la Asamblea con el objetivo de reformar el artículo 150 e incluir una nueva causal: el aborto no punible por violación en general.

Además, a inicios de este mes, el sacerdote mexicano Julián Cruzalta acudió a la Mesa de Justicia y dijo: “Por estar a favor del aborto no renuncio a mi religión, solo estoy de acuerdo con que las mujeres tengan una opción en cuanto a un embarazo no deseado y que el Estado promueva legislaciones dentro de la ética pública, sin presión de ninguna concepción religiosa”.

Marcela Aguiñaga, quien preside la comisión legislativa de Justicia, comentó que espera tener listo el borrador para primer debate hasta finales de este mes. Señaló no estar a favor del aborto, pero aclaró que no puede trasladar al debate sus creencias religiosas e individuales. (I)