Gobierno enjuiciará a Correa de darse laudo contra Ecuador

- 06 de septiembre de 2018 - 19:46
El gobierno de Rafael Correa emprendió una campaña internacional para denunciar la contaminación de Chevron-Texaco en la Amazonía ecuatoriana.
Foto: Archivo / El Telégrafo

El secretario de la Presidencia solicitó al Procurador General del Estado que aplique medidas contra exfuncionarios ante cualquier sanción económica.

El Estado ecuatoriano aplicará el derecho de repetición a funcionarios del gobierno de Rafael Correa si existe un fallo en contra del país en el litigio internacional que enfrenta con la petrolera estadounidense Chevron.

Así lo anunció este jueves 6 de septiembre el secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, en compañía de Sebastián Roldán, secretario particular del presidente Lenín Moreno.

Jurado manifestó que las “consecuencias inmediatas de un posible dictamen en contra del Ecuador podrían afectar a la economía”.

Ante ese escenario, el gobierno solicitó a la Procuraduría General del Estado (PGE) aplicar el derecho de repetición a fin de tomar acciones necesarias para “sancionar a los funcionarios que generaron daño a los intereses” del país.

El artículo 233 de la Constitución establece que ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

Aplica cuando un funcionario ha incurrido en una violación de derechos y por esa razón el Estado es condenado. El Estado tiene que repetir en contra del servidor público, explicó el constitucionalista Rafael Oyarte.

El caso que actualmente está en disputa se denomina Chevron III. En septiembre de 2009 la compañía Chevron-Texaco interpuso una demanda internacional de arbitraje en contra de Ecuador, ante la Corte permanente de Arbitraje en La Haya, cuyo fallo final se espera.

Según Chevron, el país violó el Tratado Bilateral de Inversión (TBI) con Estados Unidos, pues los inversionistas no habrían tenido un trato justo y equitativo. La Procuraduría ecuatoriana argumentó que el TBI se firmó en 1993 y entró en vigencia en 1997, cinco años después de que Chevron dejara el país.

Jurado aseguró que los intereses del Estado no fueron defendidos como corresponde. Las empresas asignadas para la defensa “no estuvieron a la altura que el caso requería, a sabiendas de que este tipo de arbitrajes podrían desencadenar en sentencias contrarias”.

EL TELÉGRAFO intentó comunicarse vía telefónica con el exprocurador Diego García, pero no respondió ninguna llamada.

El 7 de agosto del año en curso el actual defensor del Estado, Íñigo Salvador, en una entrevista en Teleamazonas dijo que existe “alta probabilidad” de que Ecuador pierda en ese caso.

“Por más publicidad, por más propaganda, por más campaña de comunicación que se haga en torno a un tema, las consideraciones que toma en cuenta un tribunal internacional son otras y esa plata utilizada en todas estas campañas termina siendo plata perdida”, expresó Salvador.

Para las 08:00 de este viernes 7 de septiembre está previsto que Salvador brinde detalles sobre el laudo parcial del caso Chevron III. Este Diario contactó a la compañía, pero esta indicó que no se puede pronunciar hasta que se emita el fallo.

Pablo Fajardo, abogado de los demandantes a Chevron Texaco, dijo sentirse preocupado por las expresiones de Jurado y Salvador. Negó que la petrolera no haya podido defenderse y opinó que existe desinformación por parte de  los funcionarios.

Millonaria publicidad

El anterior gobierno firmó contratos por más de $ 10 millones en campañas de comunicación a nivel nacional e internacional sobre el caso.

El secretario de la Presidencia afirmó que hubo manipulación a la opinión pública en la campaña “La mano sucia de Chevron”, pues se pretendió hacer creer que celebridades internacionales apoyaban la causa cuando en realidad se les pagó para que vinieran al país.

La Cancillería, en la administración de Ricardo Patiño, firmó un contrato por $ 2,5 millones con la empresa ecuatoriana Satré para esta tarea. El régimen contrató por $ 6,4 millones a la compañía  extranjera MCSquare, que estuvo detrás de las visitas de los actores Mia Farrow y Danny Glover, quienes recibieron $ 188.000 y $ 330.000, respectivamente.

El expresidente Rafael Correa respondió a las acusaciones a través de Twitter en donde escribió que “es claro que estos traidores ya pactaron con esta empresa corrupta y corruptora”. (I)

Cronología   
Entre 1964 y 1967, Chevron realizó procesos de exploración y perforación de pozos y piscinas para residuos tóxicos en las provincias de Sucumbíos y Orellana.

1993
Ecuatorianos presuntamente afectados por Texaco presentaron a la Corte Federal del Nueva York una demanda en contra de la petrolera, por contaminación ambiental.

2010
El juicio se extendió por 9 años. En marzo de 2010 el arbitraje de La Haya falló contra Ecuador alegando que se violó el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI), además del derecho internacional.

2014
La Corte Suprema de Holanda ratificó la decisión del arbitraje solicitado por Chevron. En 2015 la Corte Penal Internacional dictó un veredicto a favor de la petrolera y resolvió no imputar a Chevron en la causa que persigue Ecuador. (I)

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