La  vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, suspendió el debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Lo hizo después de verificar que apenas 65 parlamentarios estaban en el pleno.

A las 14:18, no contaba con el número legal para seguir con la discusión y la presentación de propuestas. “Es lamentable que en el tratamiento de la ley que rige nuestro accionar nos quedemos sin quórum. Tomo la decisión de clausurar el debate y suspender la sesión”, recalcó Bonilla, evidentemente molesta.   

El pleno se convocó el miércoles 13 de febrero a las 11:00. En ese tiempo trataron el primer debate de una reforma para el pago de montepíos para los deudos de los policías e iniciaron la discusión de las reformas a la LOFL.

Esas modificaciones a la normativa son clave porque regulan el trabajo de los legisladores. Por ejemplo, se pretende reformar el procedimiento para los pedidos de cambio en las discusiones en el Pleno, que ha llenado a la Asamblea de resoluciones y exhortos. Más de 160 en menos de dos años, mientras existen 26 proyectos en espera de aprobación.

También pretende otra forma de fiscalización, así como la creación de un Comité de Ética que sancione a los parlamentarios acusados por cobrar dinero a sus trabajadores, entre otros temas.   

La legisladora independiente Mae Montaño fue una de las primeras que protestó por el tratamiento a las reformas de la LOFL. Ella cuestionó que se le haya incluido como último punto del debate del martes pasado, cuando sus colegas lucían agotados.

Ese día apenas seis legisladores participaron, la mayoría de la Comisión de Justicia que esperaban las propuestas de sus colegas para mejorar el texto. Pero eso no ocurrió al siguiente día. En el debate intervinieron 11 de los 137 asambleístas.

A la hora del almuerzo, la mayoría de legisladores dejó su curul. Ahora, el trámite de las reformas de esa ley retornará a la Comisión de Justicia.

Para este jueves 14 de febrero se prevé la discusión de la Ley de Comunicación para aceptar la mayoría del veto presentado por el Ejecutivo. (I)