La Asamblea investiga quiénes están detrás de la filtración

- 11 de marzo de 2019 - 00:00
La presidenta Elizabeth Cabezas presidía la sesión 580 cuando se habría realizado la grabación ilegal del audio.
Foto: Tomada de la Asamblea Nacional

La titular, Elizabeth Cabezas, cuestionó que haya una “suerte de espionaje” que intenta desestabilizar la acción del Legislativo. El COIP sanciona ese delito hasta con 5 años de cárcel.

La grabación ilegal de conversaciones al interior de la Asamblea Nacional se convirtió en una práctica común para afectar la imagen de legisladores y asesores.

En esta ocasión este hecho sancionado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) alcanzó a la titular del Legislativo, Elizabeth Cabezas.

Es reprochable, ilegal e ilegítimo que sobre la Asamblea Nacional haya toda una suerte de espionaje que pretende poner en inestabilidad la acción tanto de la Asamblea como del país”, apuntó la funcionaria en referencia a un audio grabado, presuntamente, durante la sesión 580 del pleno y divulgado en redes sociales.

“Investigaremos quién se permite tener este tipo de acciones de espionaje, no podemos pretender que un grupo político quiera desestabilizar el país con acciones en las cuales no hay nada que objetar, sino que son parte de la cotidianidad del trabajo en la Asamblea”, enfatizó.

La filtración de ese audio es investigada. Un alto funcionario de la Policía, que prefirió no ser identificado, sostuvo que las interceptaciones de llamadas son legales mientras haya la autorización del juez dentro de una investigación. De modo que, en este caso puntual, constituye un delito que debe ser investigado de oficio o por denuncia.

El artículo 230 del COIP establece que la persona que sin orden judicial previa, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe con la finalidad de obtener información, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

Esa práctica de filtrar videos o audios relacionados con actores políticos era una práctica común en el gobierno anterior. El año pasado un grupo de opositores al régimen de Rafael Correa denunció la persecución de la que fueron objeto y la vulneración de su intimidad.

Preocupación en la Asamblea

Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército, afirmó que este nuevo caso significa que hay “espionaje interno” en la Asamblea. El experto en inteligencia considera que toda actividad de espionaje compromete la seguridad del Estado y del país.

Con base a su experiencia comentó que, en ocasiones, la filtración de esas grabaciones proviene de los mismos equipos de los legisladores. Y recomendó a la misma Asamblea tomar medidas para prevenir nuevas vulneraciones.

Por ejemplo, propuso que exista un equipo de monitoreo interno para evitar este tipo de fugas; que haya doble “switch” en la conexión automática de micrófonos; y finalmente, que se coloquen inhibidores de señal de un alcance de cinco metros.

Tras el incidente, los legisladores cuestionaron que se los grabe sin autorización.

Para la asambleísta de Fuerza Ecuador (FE), María Mercedes Cuesta, esas costumbres -de grabar y filtrar audios- se originaron en el gobierno de Rafael Correa.

Lamentó que esas actuaciones sean replicadas actualmente por asambleístas. “(Ellos) aprendieron del máster, del que dejó micrófonos y cámaras en el despacho presidencial”, escribió el fin de semana en Twitter.

Elíseo Azuero, legislador del Bloque de Integración Nacional (BIN), destacó que hay que tener cuidado con lo “que se dice y se hace”, ya que esas filtraciones son consecuencia del combate de “prácticas deleznables” que hubo en el gobierno anterior.

“Hoy se resisten a perder el control y pretenden escandalizar para justificar su paso por la función pública, haciendo creer que todos somos inmorales”, dijo el legislador.

Sin embargo, analistas políticos consideran que estas actuaciones demuestran que existe una “grave crisis” de valores políticos.

Para el consultor y catedrático Marlon Orbea, esa conversación filtrada denota un “espionaje criollo” con fines políticos. Considera que es preocupante que se usen grabaciones ilegales como herramienta de chantaje.

En cambio, el jurista y analista Alexander Dávila considera que es preocupante que los políticos obtengan estas grabaciones para desprestigiar, amenazar y chantajear a sus similares. (I)

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