A pesar de la demora en la Asamblea para aprobar las reformas a la Ley de Comunicación enviadas por el Ejecutivo, la sociedad ecuatoriana consensuó que el proyecto del Gobierno le quitará el marco represor que inspiró la normativa y que provocó  afectaciones no solo al periodismo, sino a la libertad de expresión a todo nivel.

Desde mayo pasado, el proyecto, que fue socializado previamente durante casi 12 meses con diferentes sectores sociales, se discutió en la Comisión de los Derechos Colectivos.

La propuesta contempla 6 ejes, entre estos la eliminación del esquema de sanción y control con la desaparición de la Supercom, el fortalecimiento de la institucionalidad con la ampliación de funciones al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Defensoría del Pueblo, para mantener derechos como la prohibición de la censura previa, rectificación y réplica. También la regulación de contenido discriminatorio, clasificación de audiencias, franjas horarias y difusión de musicales.

A su vez los legisladores de la comisión convocaron a expertos, comunicadores, representantes de organizaciones de periodistas e incluso a representantes de organismos internacionales para escuchar sus razonamientos.

En este contexto el relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza, visitó el país en agosto.

Aquí se reunió con periodistas y funcionarios. “Ecuador atraviesa un proceso de transición que busca superar las consecuencias del autoritarismo implantado por el anterior régimen, es necesario desmontar las prácticas represivas”, comentó al finalizar su visita.

Recordó que se diseñó e implementó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar y sancionar mediante el uso del Derecho Penal y administrativo a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

Por eso las reformas a la normativa permitirán recomponer el estado de derecho promoviendo y garantizando la libertad de expresión, que es un derecho que debe ser protegido por el Estado.

El presidente Lenín Moreno resaltó que como toda actividad humana, la comunicación deberá respetar estos derechos, lo que está ahora garantizado.

Moreno vetó parcialmente la ley para impedir que las frecuencias otorgadas no sean renovadas automáticamente, que fue una transitoria aumentada a última hora por la Asamblea. (I)