El Tribunal de Garantías Penales, integrado por los jueces Luis Oswaldo Manosalvas, Juan Carlos Méndez e Ipatia Costales, declaró improcedente la acción de protección presentada por el exdefensor del Pueblo Ramiro Rivadeneira, en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio, por haberlo cesado en sus funciones.

El exfuncionario, durante su intervención, señaló que sus derechos fueron vulnerados al ser destituido por el Consejo transitorio, ya que no tiene competencia pues su juez natural es únicamente la Asamblea Nacional, de acuerdo con la Constitución.

Sin embargo, los jueces negaron su pedido al considerar que no fueron vulnerados sus derechos.

Rivadeneira también argumentó que el Consejo transitorio se ha arrogado funciones y extralimitado sus competencias al nombrar reemplazos en el caso de la Defensoría del Pueblo, sin tomar en cuenta el reglamento para el efecto.

Darwin Seraquive -en representación del presidente del Cpccs transitorio, Julio César Trujillo, quien también estuvo presente en la diligencia- dijo que las acciones del organismo temporal están amparadas por la voluntad popular que le dio las facultades para evaluar a las autoridades de control y, eventualmente, cesarlas de sus cargos.

Aseguró que para el efecto se aprobó un reglamento con carácter de mandato en el que se norma el procedimiento para la evaluación. El jurista afirmó que Rivadeneira voluntariamente se negó a la evaluación, por lo que fue cesado.

El exdefensor del Pueblo adelantó que tan pronto reciba la sentencia por escrito, presentará una apelación a la resolución y seguirá hasta acudir a instancias internacionales.

Trujillo, a la salida de la audiencia, indicó que "la decisión del Tribunal de Garantías Penales ante el pedido del exdefensor del pueblo es un triunfo más de los ecuatorianos,  donde los jueces empiezan a velar por el bienestar de los ciudadanos y no por el de un gobierno". (I)