Alrededor de 500 ciudadanos colombianos refugiados en Ecuador han recibido cédulas de identidad ecuatoriana desde que esta medida se puso en marcha el pasado 13 de noviembre.

Así lo señaló el subsecretario de Protección Internacional y Atención a Inmigrantes de la Cancillería, Alfonso Morales, que explicó que el acceso a estos derechos es parte de la protección internacional que el Estado brinda a los ciudadanos extranjeros. La cédula otorga a los refugiados los mismos derechos que cualquier ecuatoriano.

Este tema fue parte de la agenda analizada esta semana en el seminario regional ‘Movilidad humana en América Latina y Ecuador’, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana junto a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Morales explicó que estos beneficios para las personas refugiadas han sido posibles debido a los avances en la legislación ecuatoriana y, específicamente, gracias a la Ley de Movilidad Humana.

Sin embargo explicó que se trabaja en un proyecto de reformas a la norma. “Hay mucho trabajo por hacer, tenemos muchas cosas por mejor”.

Todas las personas tienen derecho a solicitar la categoría migratoria que estimen pertinente, que incluye el estatuto de protección internacional, la visa de protección internacional u otro tipo de visado.

Es el caso de la visa Mercosur, con base en el Acuerdo de Residencia del Mercosur, suscrito por el país en marzo del 2014.

El subsecretario de Protección Internacional y Atención a Inmigrantes recordó que Ecuador es el país que más refugiados reconocidos tiene en relación a los 33 países de América Latina y el Caribe. Desde 1990 ha recibido más de 250.000 solicitudes de refugio.

Actualmente 150.000 colombianos ya se encuentran en condición regular migratoria, de ellos 60.000 como refugiados reconocidos y 40.000 más que poseen visa de residencia permanente.

A este grupo se suman 50.000 ciudadanos que recibieron la visa Mercosur, de un total de 70.000 visas que se otorgó a ciudadanos de todas las naciones sudamericanas.

Los datos, según destaca Morales, son muestra de que el Estado ecuatoriano se ha preocupado por las personas en situación de protección internacional y ha trabajado en función de sus derechos, más allá de la condición migratoria.

Las buenas prácticas de inclusión económica y social a los extranjeros y refugiados, implican acceso a servicios, salud, educación, al mercado laboral, entre otros.

Durante la jornada en Flacso, el delegado de la Misión Scalabriniana, Guillermo Robayo, y el consultor independiente, Ralf Oetzel, coincidieron en la necesidad de realizar reformas en la legislación, con participación ciudadana.

Por su parte, el oficial de protección de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, Acnur, en Ecuador, Juan Pablo Terminielo, resaltó el trabajo que se ha venido realizando con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de manera conjunta con otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Registro Civil, gobiernos autónomos descentralizados (GAD), entre otros.

Terminielo reiteró que Ecuador es uno de los países que más aportes ha realizado en cuanto a la concesión de naturalizaciones a refugiados. “Sigue siendo el país que más refugiados alberga en Sudamérica.

Más allá de los números, además en los últimos 30 años ha mantenido abierto un espacio humanitario para los refugiados”.

El representante de Acnur consideró que estas acciones obedecen a un marco legal sólido, que es la actual Ley de Movilidad Humana, que incluye el procedimiento de asilo, contar con procesos descentralizados en provincias y reconocimiento de acceso a derechos, entre otros. (I)