Las licencias sin remuneración y de comisión de servicios otorgadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a María Alejandra Vicuña son éticamente excesivas y “un privilegio de pocos”.

Así lo reconocieron juristas en Derecho Laboral, respecto a las licencias que solicitó la exvicepresidenta desde 2009 hasta 2018 para desempeñarse como asambleísta, ministra de Estado y segunda Mandataria.

Para Edmundo Vaca, especializado en Derecho Laboral, hubo abuso en pedir licencias, a pesar de que, aparentemente, está dentro de la ley. “Tuvo privilegios para este derecho porque no creo que a un ciudadano natural se le permita tanto”, dijo.

Reconoció que ha tratado casos donde a ciertos funcionarios públicos se les niega, incluso, las licencias por enfermedad.

El abogado Javier Barba se centró, en cambio, en la licencia que obtuvo Vicuña el pasado 6 de enero de 2018 para desempeñarse como vicepresidenta. “Por la importancia del cargo y por ética debió renunciar al SRI”, manifestó Barba, quien planteó que para esas funciones debió solicitar comisión de servicio sin remuneración y no una licencia.   

Al respecto, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, afirmó este viernes 28 de diciembre que la cartera de Estado analiza si la exvicepresidenta incumplió la ley. “No había posibilidad de darle la licencia para ocupar el cargo de vicepresidenta porque ella no fue designada por elección popular”.

Barba cree además que debe investigarse a Vicuña basados en los artículos 31 y 32 de la Ley de Servicio Público (Losep).

Esa normativa establece que las comisiones de servicio se darán máximo seis años y no son acumulables. “No existe disposición legal que establezca que estos seis años se pueden interrumpir y luego reactivar”, explicó el jurista. Eso aparentemente incumplió Vicuña, al solicitar tres licencias y una comisión de servicios.

Para Iván Nolivos, abogado en temas laborales, queda claro que en el caso de Vicuña “las licencias fueron legalmente aprobadas”. (I)