La vicepresidenta de la Asamblea  Nacional, Marcela Aguiñaga, lamentó que se haya generado una polémica sin el debido sustento, respecto del contenido de la propuesta de Ordenamiento Territorial que aún está en borrador.  

“Aquí no se trata de quitar competencias a nadie ni a ninguna autoridad”, enfatizó la legisladora para desmentir las aseveraciones de que con la existencia de la Ley los municipios del país tendrían menos competencias.

Citó como ejemplo los problemas que se dan en los cantones cuando autorizan el cambio del uso del suelo en zonas que son rurales y que deberían ser agrícolas y son destinadas para lotizaciones. Lo que se busca es evitar que se permitan construcciones en zonas de riesgo, de playas y bahías, poniendo en situación de vulnerabilidad a las comunidades.

Por ello, Aguiñaga detalló que se busca un tercer órgano aparte, dentro de los organismos de control y fiscalización del Estado, no el Ejecutivo, para que establezca un mecanismo de control cuando estas normas no se cumplan, explicó.  

Precisó que en temas ambientales cuando el municipio no ejerce sus competencias  provoca contaminación y el Ministerio de Ambiente inicia acciones, por lo que pidió tranquilidad a la comunidad.

Se quiere evitar que se construya en zonas de deslaves. Éstas son normas técnicas que tienen países como Chile y Uruguay, de cumplimiento nacional, no contra ninguna administración específica, argumentó.