La mañana del martes 17 de noviembre, el procurador General del Estado, Íñigo Salvador, entregó al titular de la Asamblea Nacional, César Litardo, una compilación de propuestas de reformas legales a distintos proyectos de leyes anticorrupción. 

El aporte de la Procuraduría se realiza en cumplimiento del compromiso asumido el 19 de mayo de 2020 con el presidente de la República, Lenín Moreno, y en aplicación del Convenio de Cooperación suscrito con la Asamblea Nacional el 11 de diciembre de 2018.

El compendio plantea reformas a cuatro cuerpos legales:

Código Orgánico Integral Penal (delitos aduaneros y delitos en contra de la administración pública)
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
Código Orgánico de la Función Judicial.

En las reformas al Código Orgánico Integral Penal, se propone la modificación de conductas delictivas ya previstas y la creación de nuevos tipos penales, para sancionar aquellos actos lesivos a la sociedad y que no se han podido encasillar dentro de los tipos existentes o han generado oscuridad en su aplicación.

Dentro del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se recomienda reemplazar el capítulo de los delitos aduaneros.

Las reformas propuestas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se fundamentan en los últimos casos de corrupción vinculados con la suscripción de contratos con el Estado. Existen procesos irregulares y sobreprecios, lo que da lugar a la creación de asociaciones ilícitas para cometer este tipo de delitos, ya que la estructura de los procesos de contratación pública actual facilita estas conductas.

Por tanto, el objetivo de estas reformas consiste en regular los procedimientos de contratación ampliando el control en el uso de gasto público por parte de las instituciones del Estado, limitando de esta forma la actuación irregular de sus servidores.

Con relación al Código Orgánico de la Función Judicial, se ha planteado fortalecer al sistema judicial con jueces dedicados a la lucha contra la corrupción.

Para esta compilación se revisaron ocho proyectos de ley relacionados con la lucha contra la corrupción que se detallan a continuación:

La Procuraduría General del Estado considera prioritario el desafío de enfrentar la lucha contra la corrupción mediante el fortalecimiento de las funciones del Estado y tiene entre sus prioridades asegurar, en el ámbito de sus competencias, el acceso a herramientas jurídicas que eviten el deterioro de la moral social y la confianza en las instituciones. Por tanto, es imprescindible plantear reformas legales que prevengan el cometimiento de delitos y que, a la par, fortalezcan el sistema judicial para prevenir y sancionar de manera eficaz los actos de corrupción.