La historia empezó con una invitación que sonó práctica, casi doméstica: ir a una propiedad familiar en la vía a Papallacta para retirar pertenencias y coordinar asuntos de la hacienda. Pero el itinerario, según la investigación, venía con reglas extrañas: acudir solo, sin compañía. Horas después, el caso ya era un expediente penal por presunto asesinato y dos nombres procesados en la justicia.

La mañana siguiente, el escenario dejó de ser la finca y se trasladó a la carretera. Agentes de la Dinased hallaron a la víctima dentro de un vehículo abandonado en el kilómetro 3,5 de la vía a Papallacta.

Con el paso de las horas, la investigación se fue llenando de piezas que, en la lectura policial, no terminaban de encajar. Cuando los agentes llegaron a la hacienda vinculada al caso, la hermana de la víctima —identificada como Katya J.— mostró nerviosismo, dio versiones contradictorias y, en un inicio, negó que su hermano hubiera estado allí.

Luego vino el tramo más delicado: lo que se dijo “en camino” y lo que quedó asentado en documentos. En el parte policial, se menciona que la procesada habría hablado de una contratación previa y que el presunto autor material, Nelson V., alias “Conejo”, habría relatado una oferta de USD 1.000 para ejecutar el crimen.

La justicia, por ahora, resolvió el primer capítulo procesal: Fiscalía formuló cargos, una jueza dispuso prisión preventiva para ambos y la instrucción fiscal se fijó en 30 días.

Cuando parecía que el caso quedaba encapsulado en el trámite judicial, apareció un elemento nuevo desde el centro de privación de libertad: la defensa de la familia dijo tener un audio que Katya J. habría enviado a su madre y a otro hermano para pedir apoyo y presionar por gestiones ante Fiscalía. Ese contenido —según la misma defensa— motivó una nueva denuncia por presunta intimidación.

En paralelo, el expediente arrastra un trasfondo familiar que vuelve una y otra vez en los relatos públicos: disputas por bienes y herencias tras la muerte del padre, un conflicto que, según la defensa habría marcado la relación entre los hermanos antes del crimen investigado.

Si el caso llega a encuadrarse como asesinato, el COIP establece una pena de 22 a 26 años cuando concurren circunstancias agravantes (incluido el parentesco). Esa definición dependerá de lo que Fiscalía sostenga y de lo que determinen los jueces en el proceso.

#ATENCIÓN | #Pichincha: #FiscalíaEc procesa a Katya Dolores J. V. –hermana de la víctima– y a Nelson Marcelo V. R. por el presunto delito de #Asesinato. El cuerpo sin vida fue hallado en enero de 2026, en la vía a #Papallacta.

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— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 16, 2026

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) January 16, 2026