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El proyecto plantea nuevas sanciones penales, la inhabilitación de abogados condenados por delitos graves y cambios en el COIP, la Ley de Extinción de Dominio y el Código de la Función Judicial.

Ley Antimafias avanza en la Asamblea y empezará su trámite este 8 de junio

El proyecto plantea nuevas sanciones penales, la inhabilitación de abogados condenados por delitos graves y cambios en el COIP, la Ley de Extinción de Dominio y el Código de la Función Judicial.
Foto: Asamblea Nacional
La Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional comenzará el trámite de la denominada Ley Antimafias, una propuesta que incluye 14 reformas legales para combatir el crimen organizado.
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La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador comenzará a tramitar desde el próximo 8 de junio el denominado proyecto de Ley Antimafias, una iniciativa que busca fortalecer las herramientas legales del Estado frente al avance del crimen organizado.

La propuesta fue presentada el 1 de junio por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, legisladora del movimiento ADN, y avanzó rápidamente luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificara el proyecto y lo remitiera a la comisión especializada para su análisis.

¿Qué plantea la Ley Antimafias?

El nombre oficial de la iniciativa es Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado.

El proyecto contempla un total de 14 reformas legales: 11 modificaciones al Código Orgánico Integral Penal (COIP), una reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y dos cambios al Código Orgánico de la Función Judicial.

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Uno de los puntos más relevantes establece la inhabilitación profesional para abogados que hayan sido condenados por delitos relacionados con corrupción, lavado de activos, crimen organizado u obstrucción de la justicia, siempre que estos hechos estén vinculados con el ejercicio de su profesión.

Nuevos delitos y penas más severas

La propuesta también busca incorporar el delito de pertenencia a grupos de delincuencia organizada, con el propósito de sancionar a quienes integren estructuras criminales, incluso cuando no se les atribuya directamente la ejecución de un delito específico.

Además, amplía el alcance del actual delito de delincuencia organizada para incluir a quienes financien, dirijan, controlen o planifiquen actividades ilícitas.

Entre las reformas penales también consta el endurecimiento de sanciones para determinadas conductas. Una de ellas es la paralización del servicio de distribución de combustibles, delito que podría ser castigado con penas de hasta diez años de prisión.

Debate legislativo

La Comisión de Soberanía será la encargada de recibir observaciones, analizar el contenido de la propuesta y elaborar el informe correspondiente para el debate en el Pleno de la Asamblea.

La iniciativa forma parte de los proyectos impulsados por el oficialismo en materia de seguridad y justicia, en un contexto marcado por el combate a las organizaciones criminales y el fortalecimiento de las capacidades del Estado para enfrentar delitos vinculados al crimen organizado.

Una vez concluido el análisis en comisión, el proyecto deberá superar los debates legislativos correspondientes antes de convertirse en ley.

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