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La proponente de la ley es Mishel Mancheno, asambleísta de la bancada oficialista ADN.

Ley Antimafias: abogados condenados por crimen organizado podrían perder su profesión

La proponente de la ley es Mishel Mancheno, asambleísta de la bancada oficialista ADN.
Foto: Redes sociales, Mishel Mancheno.
La propuesta de la Ley Antimafias plantea reformas en 14 cuerpos legales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, entre ellos, la inhabilitación definitiva para ejercer la abogacía a profesionales condenados por delitos como delincuencia organizada, lavado de activos, corrupción y obstrucción de la justicia.
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La propuesta de Ley Antimafias de Ecuador apunta a uno de los eslabones que, según el Gobierno, facilita la operación de estructuras criminales. El proyecto propone que los abogados condenados por delitos vinculados al crimen organizado pierdan el derecho a ejercer la profesión, una medida que forma parte de una reforma integral al sistema judicial y de seguridad.

Inhabilitación permanente para abogados condenados

La reforma plantea un cambio sin precedentes. Los abogados que reciban sentencia ejecutoriada por delitos relacionados con:

  • Delincuencia organizada
  • Lavado de activos
  • Corrupción
  • Obstrucción de la justicia
  • Financiamiento de actividades criminales

Ellos podrían quedar inhabilitados de forma permanente para ejercer la profesión.

La propuesta busca impedir que profesionales vinculados a estructuras criminales continúen participando en procesos judiciales o utilizando su conocimiento para favorecer actividades ilícitas.

Lea también: Bancada de ADN presenta ley Antimafias

¿Qué propone la ley?

La bancada oficialista ADN sostiene que el objetivo principal es cerrar vacíos legales utilizados por organizaciones criminales. Entre los ejes de la propuesta están:

  • Fortalecer la extinción de dominio.
  • Agilizar la confiscación de bienes ilícitos.
  • Incrementar herramientas de investigación.
  • Endurecer sanciones para colaboradores de estructuras criminales.
  • Fortalecer la cooperación entre instituciones de seguridad y justicia

No puede ser posible que uno incauta bienes y sea el Estado el que tenga que asumir los costos de mantenerlos mientras avanza el proceso judicial".

Según el ministro del Interior, John Reimberg, la reforma permitirá atacar directamente las finanzas de organizaciones vinculadas al narcotráfico, minería ilegal y lavado de activos.

Jueces deberán justificar decisiones polémicas

Otro de los cambios incluidos en el proyecto apunta a la transparencia judicial.

La propuesta establece mayores obligaciones para que jueces fundamenten decisiones en casos considerados de alto impacto o que generen cuestionamientos públicos.

La iniciativa surge en medio de críticas recurrentes del Ejecutivo sobre personas detenidas que recuperan la libertad poco tiempo después de ser capturadas.

Tenemos personas que han sido detenidas más de 30 veces y vuelven a salir a las calles".

Contexto

La proponente de la ley es Mishel Mancheno, asambleísta de la bancada oficialista ADN y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ella presentó el proyecto el 1 de junio de 2026 ante el Legislativo. 

Según cifras presentadas por el Ministerio del Interior, más de 2.000 personas han sido detenidas por delitos relacionados con extorsión desde enero de 2026 y más de 10 toneladas de droga fueron decomisadas en recientes operativos.

La propuesta aparece pocas semanas después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, publicada en el Registro Oficial el 28 de abril de 2026. Esa normativa incorpora clasificación de presos por peligrosidad, aislamiento de cabecillas y mayores controles dentro de las cárceles.

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