El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por estructuras criminales, una propuesta que busca fortalecer la respuesta del Estado frente a la captación de menores de edad para actividades ilícitas.

La normativa fue analizada durante la sesión 095 del Pleno, sobre la base del informe preparado por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana. La legisladora ponente, Diana Jácome, sostuvo que las organizaciones criminales representan una amenaza directa para la niñez y adolescencia, al aprovechar condiciones de vulnerabilidad para involucrar a menores en dinámicas delictivas.

Entre los principales alcances del proyecto consta la protección digital de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos que promuevan su captación o utilización. Para ello, la propuesta plantea el bloqueo de material digital orientado a incentivar estas prácticas, así como herramientas para que las autoridades administrativas y judiciales puedan actuar con mayor eficacia y sancionar conductas vinculadas al reclutamiento de menores.

El texto también fortalece el rol de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, a las que se les otorgaría la facultad de generar registros y emitir alertas tempranas sobre posibles casos de captación. Además, contempla la creación de equipos especializados de seguridad en los Centros de Adolescentes Infractores y la ampliación de competencias de los gobiernos municipales en consejos de seguridad, programas deportivos y espacios recreativos.

La propuesta incluye, además, el incremento de las penas por reclutamiento y utilización de menores, que pasarían de 22 a 26 años de prisión. También prevé la implementación de servicios especializados de salud mental, programas de identificación de riesgos, becas y ayudas económicas para víctimas, entre otras medidas de prevención, protección y reparación.

Durante el debate, los legisladores abordaron la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional, la prevención en entornos tecnológicos, el acompañamiento familiar y comunitario, así como el control del microtráfico y el consumo de drogas. También se plantearon observaciones para evitar la impunidad y mejorar las condiciones sociales que pueden facilitar la captación de menores por grupos criminales.

Tras más de 20 intervenciones, el Pleno cerró el primer debate del proyecto. La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana continuará con el trámite legislativo y la elaboración del informe para segundo debate.

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