La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este jueves 4 de junio de 2026 el informe del proyecto de ley que busca prevenir y sancionar el uso delictivo de uniformes, insignias y credenciales de las instituciones de seguridad pública, así como la realización de falsos operativos.

La iniciativa reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y tiene como objetivo cerrar vacíos legales que han sido aprovechados por grupos delictivos para hacerse pasar por policías, militares o agentes de tránsito al momento de cometer delitos.

Durante la votación, los legisladores de la Revolución Ciudadana se abstuvieron, mientras que el resto de integrantes de la comisión respaldó el informe.

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Tras esta aprobación, la propuesta deberá ser tratada por el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, instancia que tendrá la última palabra sobre la reforma.

Endurecimiento de sanciones

Actualmente, el mal uso de uniformes oficiales está tipificado como una contravención sancionada con entre 15 y 30 días de privación de libertad. El proyecto plantea elevar esa pena a un rango de entre 30 y 90 días.

Además, incorpora el delito de simulación de autoridad operativa, dirigido a quienes utilicen uniformes, insignias o credenciales para ejecutar falsos operativos o hacerse pasar por miembros de organismos de seguridad.

La propuesta establece penas de uno a tres años de prisión para estos casos, con incrementos cuando el engaño derive en delitos adicionales como privación de libertad, robo o afectaciones patrimoniales.

Fabricación y venta ilegal de uniformes

Otro de los cambios incluidos en el proyecto es la creación de una figura penal para sancionar la fabricación, importación, distribución y comercialización no autorizada de uniformes y distintivos oficiales.

La reforma contempla penas de uno a tres años de cárcel para quienes participen en estas actividades sin autorización, aunque establece excepciones para proveedores acreditados y para usos educativos, culturales o artísticos debidamente autorizados.

Respuesta a una práctica criminal

Los legisladores que respaldan la iniciativa consideran que el uso de uniformes falsificados y la ejecución de falsos operativos se ha convertido en una modalidad utilizada por organizaciones criminales para cometer secuestros, robos, extorsiones y otros delitos.

Por ello, sostienen que la reforma busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y dotar a la justicia de herramientas más efectivas para sancionar estas conductas.

Con el informe ya aprobado en comisión, el proyecto avanzará ahora al Pleno de la Asamblea Nacional, donde será sometido a debate y votación para definir si las reformas son incorporadas al COIP. Aún está pendiente fecha y hora para conocer si finalmente se aprueba.

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