Los titulares de las carteras de Estado: Gobierno, Desarrollo Humano e Infraestructura y Transporte hablaron, este 18 de septiembre de 2025, sobre la eliminación del subsidio al diésel. Los funcionarios enfatizaron que la medida es necesaria y garantizaron que los precios de los productos y los servicios para la ciudadanía no tendrán un alza en los valores.

Una decisión “dura pero necesaria”

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, recordó que durante 50 años el país gastó entre USD 1.100 y USD 1.400 millones anuales en subsidios a los combustibles, dinero que en gran parte terminó beneficiando al contrabando y a la minería ilegal.

“El gobierno busca cerrar brechas utilizando esos recursos para el sector social. Esta es la primera vez que se toma una medida dura que no ha causado conmoción en precios”, señaló Rovira, quien añadió que existe un fuerte control en mercados y carreteras. Hasta la fecha, se han ejecutado 4.760 operativos con 19 locales clausurados y 1.800 funcionarios desplegados para prevenir especulación.

Según la ministra, los principales afectados son las bandas delictivas que se aprovechaban del subsidio. 

Compensaciones para el transporte

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, explicó que el gobierno implementó un esquema de compensaciones directas para transportistas con el fin de evitar incrementos en las tarifas.

Los pagos van desde USD 400 hasta 700 para buses urbanos y entre USD 1.200 y 1.800 para transporte provincial. “El usuario no pagará más por el pasaje. Nunca un gobierno había conversado con los transportistas como ahora”, afirmó.

Además, se anunciaron zonas seguras de descanso y recarga eléctrica para transporte pesado, incentivos por USD 30 millones y un plan de renovación de unidades con créditos de hasta USD 20.000. Hasta el momento, 8.000 transportistas se han registrado y los desembolsos se realizan en 24 horas a través de BanEcuador y Banco del Pacífico.

Bono de solidaridad y apoyo social

El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, destacó que los recursos liberados con la eliminación del subsidio se redirigirán hacia los sectores más vulnerables.

Actualmente, el Estado destina USD 1.300 millones al bono de la solidaridad, la misma cantidad que antes se perdía en economías ilegales a través del subsidio al diésel. Este año, 55.000 nuevas familias recibirán la ayuda con una inversión de USD 70 millones.

Burbano indicó que existen ventanillas de registro social en cada gobernación, donde las familias que no tengan afiliación pueden inscribirse para ser evaluadas. El criterio de calificación se basa en un índice de pobreza menor a 30 sobre 100.

Gobierno mantiene controles y advierte sanciones

Los ministros coincidieron en que la medida busca justicia social y que el dinero llegue a quienes realmente lo necesitan. Rovira advirtió que quienes intenten cerrar carreteras o paralizar servicios enfrentarán procesos judiciales con penas de hasta tres años de cárcel.

“El presidente tomó una decisión valiente para llevar los recursos de las mafias a los más necesitados”, enfatizó el ministro Luque.

Link de la entrevista:

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) September 18, 2025