Dos exjueces de Manabí, sentenciados por delincuencia organizada en el caso Plaga, ofrecieron este 28 de noviembre disculpas públicas ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito. En la audiencia, reconocieron que formaron parte de una red que utilizó de forma ilegítima herramientas del sistema judicial para beneficiar a personas privadas de la libertad, a cambio de dinero.

Se trata de Simón Oswaldo G., exjuez de la Unidad Judicial Multicompetente en materias no penales y de Adolescentes Infractores de Paján, y de Joffre Javier R., exjuez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Chone, ambos de la provincia de Manabí. Los dos se sometieron a un procedimiento abreviado, aceptaron su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y accedieron a penas reducidas, dentro de un proceso que ya suma al menos 18 sentenciados entre jueces, abogados y funcionarios.

Según la Fiscalía, el caso Plaga reveló una estructura que operaba desde 2022 en al menos ocho provincias del país y que estaba integrada por jueces, secretarios, policías, abogados y otros servidores públicos. La red habría abusado de acciones constitucionales y otras garantías jurisdiccionales para otorgar libertades o beneficios ilegítimos a personas condenadas por delitos graves, como asesinato, tráfico de drogas, violación, trata de personas y delincuencia organizada, a cambio de pagos o favores. En total, 31 personas fueron procesadas por esta causa.

En el caso de Simón Oswaldo G., las investigaciones establecieron que colaboró con una organización criminal para emitir medidas cautelares irregulares que permitieron la liberación de procesados de alto perfil, entre ellos el empresario Daniel Salcedo, en 2022, pese a que aún tenía varias sentencias pendientes. Por estos fallos habría recibido ingresos indebidos superiores a los USD 68.000, canalizados mediante transferencias y depósitos de familiares de las personas beneficiadas. Al acogerse al procedimiento abreviado y a la cooperación eficaz, fue condenado a 28 meses de prisión, además del pago de multa y reparación económica.

Durante la lectura de sus disculpas públicas, el exjuez aseguró que se arrepiente de sus decisiones y de no haber denunciado a tiempo las irregularidades dentro del sistema judicial. “Mi madre no me educó para esto, para estar sentenciado”, dijo ante los jueces de la CNJ, al admitir que sus actuaciones dañaron la confianza ciudadana en la justicia y comprometieron su trayectoria profesional.

Por su parte, Joffre Javier R. reconoció que “cometió un error” al favorecer, mediante decisiones irregulares, a 21 personas privadas de la libertad procesadas por delitos como abuso sexual, robo con resultado de muerte y asociación ilícita, en causas que incluso no correspondían a su jurisdicción. Las investigaciones también determinaron que intentó desvanecer un expediente disciplinario en el Consejo de la Judicatura, abierto por su actuación como juez. El exmagistrado afirmó que estos hechos empañaron 13 años de carrera judicial en Manabí y manifestó que se encuentra arrepentido.

El caso Plaga se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en el país. La Fiscalía y la CNJ han señalado que las penas reducidas —que van de 10 a 44 meses de prisión para jueces, abogados, exfuncionarios y un policía— responden a los acuerdos de cooperación eficaz alcanzados para desmontar por completo la estructura y establecer responsabilidades penales y administrativas.

Con las disculpas públicas de los exjueces de Manabí, la causa entra en una nueva fase, mientras continúan otras investigaciones paralelas y procesos disciplinarios en el sistema de justicia, en medio del debate sobre cómo evitar que se repitan esquemas de corrupción que negocian libertades a costa de la seguridad ciudadana.

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