Ecuador / Lunes, 17 Noviembre 2025

Jueza llama a juicio al exasambleísta correísta Santiago D. por presunta violación y ratifica su prisión preventiva

Foto: Internet
El exasambleísta correísta Santiago D. fue llamado a juicio como presunto autor del delito de violación, luego de que una jueza de Pichincha acogiera los argumentos de la Fiscalía General del Estado.

El exasambleísta Joseph Santiago D. A. fue llamado a juicio como presunto autor del delito de violación, tras la audiencia preparatoria desarrollada en Quito. Según informó la Fiscalía General del Estado, la jueza de la causa acogió el pedido del organismo y ratificó la medida de prisión preventiva que pesa sobre el procesado.

De acuerdo con la información fiscal, el caso –conocido como “Caso Díaz Asque”– se refiere a la presunta violación de una niña de 12 años, ocurrida en diciembre de 2024 en la capital. La investigación se abrió luego de la denuncia presentada por el padre de la menor y derivó en la formulación de cargos contra Santiago D. el 22 de julio de 2025, cuando la Fiscalía expuso 25 elementos de convicción y obtuvo la orden de prisión preventiva.

Del asilo político interno al llamado a juicio

Antes de presentarse ante la justicia, el entonces asambleísta estuvo varios días en condición de prófugo. El Ministerio del Interior llegó a ofrecer una recompensa de hasta USD 100.000 por información sobre su paradero. Finalmente, el 21 de julio de 2025, se entregó a las autoridades en el sector de Tumbaco, en Quito, declarando que lo hacía “en honor a mi inocencia”.

Tras su detención, la jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia No. 1 dictó prisión preventiva y prohibición de enajenar bienes, mientras avanzaba la instrucción fiscal. En octubre, durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía amplió su anuncio de prueba a 43 elementos de convicción y solicitó que el caso fuera elevado a juicio, pedido que ahora fue aceptado.

Perfil político y controversias

Santiago D. llegó a la Asamblea Nacional como asambleísta nacional por la alianza Revolución Ciudadana–RETO, ocupando la curul 64 en reemplazo de Priscila Schettini. Fue parte de la Comisión de Derecho a la Salud y Deporte y se ha identificado como militante del correísmo desde años anteriores.

Su breve paso por el Legislativo estuvo marcado por la polémica. Semanas antes de que se conociera la denuncia penal, presentó un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que, entre otros cambios, planteaba reducir la edad de consentimiento sexual de 18 a 14 años, lo que generó críticas y fue posteriormente archivado por el Consejo de Administración Legislativa.

Tras hacerse pública la denuncia por presunta violación, la bancada de la Revolución Ciudadana anunció su expulsión, y el Consejo de Administración Legislativa (CAL) suspendió sus derechos parlamentarios por ausencias, principalizando a su reemplazo y dejando sin efecto su participación en el pleno y comisiones.

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