La Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas ordenó el reintegro a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) del capitán Diego Peñaherrera, exjefe de seguridad de la esposa del expresidente Rafael Correa.

La decisión se produjo tras 12 años de litigio, período en el que Peñaherrera fue vinculado a un proceso penal y posteriormente dado de baja en agosto de 2012, sin que existiese una sentencia ejecutoriada. 

Los jueces aceptaron el recurso de apelación interpuesto por la defensa del capitán, lo que dejó sin efecto la resolución del Consejo de Oficiales Subalternos de la Fuerza Aérea, que había negado su reincorporación al alegar un supuesto desistimiento presentado por el militar.

Peñaherrera se declaró un perseguido por el correísmo, cuando fue parte del grupo de seguridad presidencial y estuvo al frente de la seguridad de Anne Malherbe, esposa de Correa, desde enero de 2007 a julio de 2008. 

En 2011, el uniformado habría sido procesado por un aparente uso indebido de municiones en un polígono de tiro en Napo. 

¿Cuál fue la decisión del tribunal?

El tribunal determinó que dicho desistimiento no cumplía con los requisitos legales, ya que carecía de una firma debidamente reconocida ante una autoridad competente.

Además, la Corte estableció que se vulneraron derechos constitucionales al incumplirse el artículo 88 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, norma que dispone la reincorporación de los militares que hayan sido absueltos en procesos penales.

Otro de los argumentos centrales fue la vulneración del derecho al trabajo, al habérsele impedido retomar sus funciones, así como del derecho a la motivación y al debido proceso, al haberse respaldado una decisión administrativa en un documento sin sustento legal válido.

Medidas de reparación

Como parte de la sentencia, la Corte dispuso las siguientes medidas de reparación:

• Dejar sin efecto la resolución del Consejo de Oficiales Subalternos de la FAE.

• Proceder con el reintegro de Diego Peñaherrera en un plazo máximo de 20 días, con el mismo grado que ostentaba al momento de su baja.

• Permitirle el acceso inmediato a los cursos de capacitación necesarios para un eventual ascenso.

No obstante, el fallo no ordenó el pago de las remuneraciones que el capitán dejó de percibir durante los años que permaneció fuera de la institución.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) December 23, 2025