El programa Perspectiva 7 puso sobre la mesa una alerta que, según sus invitados, ya no puede leerse como episodios aislados: la administración del tránsito y los servicios de transporte se han convertido en un “botín” para la delincuencia organizada, capaz de infiltrarse en trámites y controles para facilitar actividades ilícitas.

Perspectiva 7, bajo la conducción de Félix Narváez, abordó este tema con un panel de perfiles clave desde lo institucional, técnico y jurídico: participó Álvaro Guzmán, exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito, con una mirada sobre el funcionamiento de los trámites y los puntos vulnerables del sistema; Guillermo Abad, experto en Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, quien analizó el impacto de esas brechas en la seguridad y el control; y Santiago Acurio, exjuez de la Corte Provincial de Justicia, que aportó el enfoque legal sobre investigaciones, responsabilidades y sanciones frente a redes vinculadas al crimen organizado.

Un caso que volvió a encender las alarmas

Como punto de partida, el espacio abordó el “caso Jaque”, que se conoció a partir de escuchas telefónicas levantadas entre el 28 de noviembre y el 31 de diciembre de 2025, donde —según lo expuesto en el programa— los involucrados hablaban de “trámites por debajo” vinculados a licencias fraudulentas y matriculaciones, con costos de USD 200 a 250 por gestión y “decenas” de trámites al día.

Infiltración territorial y “ventanas” para el delito

El debate amplió el foco a otras intervenciones estatales en agencias de tránsito municipales: desde julio de 2025 se mencionó la intervención directa en Durán y Manta, con presunta presencia de organizaciones criminales en esos espacios.
En el caso de Manta y Durán, el programa sostuvo que la infiltración llegaba a los sistemas y a la vigilancia: se habló incluso del uso de videovigilancia para “custodiar cargamentos” y del control de sistemas de cómputo por vínculos familiares con cabecillas.

En esa misma línea, se señaló que la Policía Nacional mantiene control de 24 ejes viales para reducir violencia y siniestralidad en carreteras, como parte del intento de cerrar espacios a la corrupción y al delito en ruta.

El “talón de Aquiles”: un sistema vulnerable y trámites “hackeables”

Uno de los ejes del programa fue el sistema Axis 4.0, descrito como la base de datos central donde se alimentan trámites de tránsito (matriculación, licencias) usados por gobiernos locales.

Según se expuso, las vulnerabilidades no serían nuevas: se habló de denuncias acumuladas durante 7 u 8 años (o más) sobre accesos y amenazas fraudulentas.

En la conversación se explicó que un sistema “hackeable” permite accesos indebidos o incluso comercialización de claves para ejecutar trámites irregulares, con doble perjuicio: recursos que no ingresan al Estado y riesgos en seguridad vial por perfiles “limpios” construidos de manera fraudulenta.

Competencias, municipios y un control que se volvió desigual

Los panelistas también discutieron el impacto de la transferencia de competencias a municipios desde 2012, señalando que el problema no sería la descentralización en sí, sino la falta de manuales y procedimientos estandarizados, lo que deriva en trámites distintos según cantón y migración hacia lugares con menos controles.
En ese marco, se recordó que el artículo 264 de la Constitución otorga a los municipios la competencia exclusiva sobre planificación, regulación y control del tránsito, por lo que un regreso total al gobierno central “no cabe” sin reestructura jurídica; más bien, plantearon fortalecer capacidades y que el Consejo Nacional de Competencias intervenga donde haya fallas.

¿Qué soluciones se plantearon?

Entre las salidas discutidas en el programa destacaron:

• Eliminar o reemplazar el sistema informático vulnerable, como primer paso para cortar el acceso a quienes operan con claves o puertas traseras.
• Pasar a una digitalización y automatización total, con “cero discrecionalidad” y procesos estandarizados.
• Explorar tecnologías como blockchain para registros difíciles de alterar (licencias y matrículas), junto con seguridad “por defecto y por diseño”.
• Crear una superintendencia de movilidad y seguridad vial, para evitar que la autoridad actúe como “juez y parte” entre emisión de títulos y control.
• Impulsar reformas al COTAD y a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, incluyendo régimen disciplinario, unificación de base de datos y participación ciudadana.

Sobre costos, se citó un estimado de USD 25 a 30 millones para cambios internos (Sistema Integrado de Registro/CIRT), con la tesis de que podría recuperarse en menos de un año solo por emisión de licencias.

La advertencia final: no basta con “cerrar” o “intervenir”

El cierre del episodio insistió en que el riesgo es “centralizar el soborno” si solo se cambia quién controla, sin transformar el cómo se ejerce la competencia: tecnología, automatización, controles y supervisión independiente.
Además, se subrayó que el problema ya desborda a una sola institución: requiere respuesta del Estado y fortalecimiento de la justicia, con más operadores para investigar y sostener procesos.

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