Lo que debía ser una cirugía estética de rutina terminó en tragedia. El 28 de marzo de 2022, “Carlos” (nombre protegido) ingresó a una clínica del centro norte de Quito para practicarse una lipoescultura de brazos y tórax y nunca salió con vida. Tres años después, un Tribunal de Garantías Penales sentenció al cirujano plástico Byron Hernán S. A. y a la anestesióloga María Victoria I. A. a un año de prisión por el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional.

Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal ordenó que cada uno pague 12.500 dólares como medida de reparación integral a los familiares de la víctima, al considerar probada su responsabilidad en la cadena de errores médicos que derivaron en la muerte del paciente. La causa se tramitó bajo el artículo 146, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía presentó el testimonio del médico legista que practicó la autopsia. El experto concluyó que el hombre, de 36 años, sufrió muerte cerebral a causa de una mala práctica, y señaló que las acciones ejecutadas por el cirujano y la anestesióloga fueron “ilegítimas, innecesarias y peligrosas”, pues no constaban en protocolos ni guías de actuación médica, lo que terminó provocando el deceso.

El informe pericial estableció que la muerte de “Carlos” estuvo directamente relacionada con el procedimiento de liposucción, al evidenciarse laceraciones en el músculo torácico que ocasionaron traumatismos en los vasos sanguíneos. A ello se sumó la inobservancia de los estándares de cuidado: los procesados habrían esperado alrededor de dos horas y media para trasladar al paciente a una casa de salud de mayor complejidad, pese a la gravedad de su estado.

El médico internista de la clínica, llamado como testigo de la Fiscalía, declaró bajo juramento que al evaluar al paciente determinó que su cuadro era irreversible y que requería un ingreso urgente a una unidad de cuidados intensivos, por lo que dispuso su transferencia a otro hospital.

En la audiencia también intervinieron un perito anestesiólogo, una especialista en histopatología y un experto en cardiología. Todos coincidieron en que hubo negligencia en el procedimiento y que se vulneró el deber objetivo de cuidado hacia el paciente.

La madre de “Carlos” relató que acompañó a su hijo el día de la cirugía y que lo vio ingresar al quirófano en buen estado de salud. Aseguró que hubo inacción por parte del cirujano y la anestesióloga, así como tardanza en el traslado a un hospital de primer nivel, lo que, sumado a las fallas técnicas del procedimiento, terminó por truncar la vida de su hijo.

#ATENCIÓN | #Pichincha: un cirujano plástico y su anestesióloga son sentenciados por #Homocidio culposo. #FiscalíaEc demostró que actuaron con negligencia durante un procedimiento en el que murió un joven de 36 años.

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