El Tribunal Constitucional anuló este martes una resolución del Parlamento de Cataluña que preveía convocar un referéndum de independencia en 2017, ratificando la ilegalidad de esta votación prometida por el presidente catalán, Carles Puigdemont.

La resolución aprobada el 6 de octubre de 2016 ya había sido suspendida cautelarmente por el alto tribunal en diciembre, respondiendo a un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy, y este martes fue anulada definitivamente, informó una fuente del Tribunal Constitucional.

"Se decide anular por ser anticonstitucional la resolución del Parlamento de Cataluna", señaló esta fuente.

El Tribunal también reclama notificar a las autoridades catalanas, entre ellas al presidente Puigdemont y a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, que "si incumplen lo establecido, pueden incurrir en responsabilidades".

Además, pide informar a la fiscalía sobre los hechos para que decida si abre nuevas diligencias contra Forcadell, que ya está imputada por desobediencia, y otros responsables parlamentarios por permitir esta votación.

La resolución suspendida instaba al Gobierno autonómico a convocar en septiembre como muy tarde un referéndum de autodeterminación vinculante en esta rica región del noreste de España, que cuenta con 7, 5 millones de habitantes.

Desde Barcelona, el gobierno de Puigdemont hizo caso omiso a la suspensión. "No hay ninguna resolución de ningún tribunal que pueda modificar eso que forma parte de un planteamiento tan sólido y tan democrático como hacer un referéndum", afirmó su portavoz, Neus Munté.

Se trata del último choque judicial entre las autoridades españolas y los dirigentes independentistas catalanes, que llevan desde 2012 intentando celebrar un referéndum sobre la independencia.

El ejecutivo de Rajoy rechaza negociar al respecto, alegando que corresponde a todos los españoles decidir sobre el futuro del país.

En 2014, el Tribunal Constitucional secundó esta posición, señalando que una comunidad autónoma "no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación", pues la Carta Magna se fundamenta en "la indisoluble unidad de la nación española", argumento que mantiene hasta hoy.

La semana pasada, el expresidente catalán Artur Mas (2010-2016) y dos compañeras de Gobierno fueron juzgados por desobediencia y prevaricación por organizar en noviembre de 2014 una votación sin efectos jurídicos sobre la independencia de Cataluña, suspendida previamente por el Constitucional.

De ser condenado, Mas puede ser inhabilitado para ejercer cargos públicos durante diez años. (I)