Colombia.- El alcalde bogotano Gustavo Petro calificó de argumentos jurídicos oscuros y confusos a las impugnaciones a su restitución presentadas el viernes por la Procuraduría y el presidente Juan Manuel Santos, quien el pasado miércoles lo reintegró a sus funciones.

Santos acató ese día el fallo del Tribunal Supremo de Bogotá que le ordenó aplicar las medidas cautelares (protección de derechos) otorgadas a Petro por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual refrendó mediante decreto, anunció en esa oportunidad.

Con eso dejó sin efecto la destitución del primer mandatario citadino, solicitada por la Comisión hasta tanto no realizara un estudio a fondo del caso, que determinó permitirle, en tanto, continuar su mandato, para el cual fue elegido por votación popular del 1 de enero de 2012 hasta la misma fecha de 2016.

El pasado miércoles 23 de abril Petro regresó al Palacio de Liévano, sede de la alcaldía, para reasumir sus funciones aunque oficialmente sigue destituido e inhabilitado (15 años), según la sanción disciplinaria dictada en su contra por el procurador Alejandro Ordóñez.

La Procuraduría presentó la impugnación ante la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que concedió la tutela (recurso de amparo), y que deberá remitirla a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

En la acción legal, la Procuraduría detalla los argumentos jurídicos y constitucionales por los que, a su juicio, se debe revocar la decisión judicial que ordenó al presidente Santos devolverle el cargo a Petro acatando las medidas cautelares de la CIDH.

Ordóñez sustenta que la Procuraduría sí tiene competencia en materia disciplinaria sobre los funcionarios públicos, “incluidos los de elección popular”, como Petro.

Finalmente, el procurador general colombiano argumenta que la decisión de la CIDH reconoce derechos o ampara derechos políticos del alcalde de Bogotá, no de sus electores, y la tutela fallada a favor de Petro fue presentada por un ciudadano.

El alcalde Petro manifestó que el reporte de la Procuraduría representa un desacato a la justicia “porque un juez ordenó dejar sin efecto esa decisión del procurador”.

Acotó que las decisiones tomadas en su contra “ya no son de oposición, son de odio... estoy destituido, inhabilitado y embargado, solo me queda el destierro o la muerte”, ironizó el primer mandatario citadino.

Todo eso, señala un editorial del diario El Espectador, en la recta final de la campaña presidencial y la incertidumbre de si Bogotá se verá abocada a corto plazo a uno de dos procesos electorales o, incluso, a los dos.

Uno de ellos la nueva revocación del alcalde o las eventuales elecciones atípicas para reemplazarlo.

Por su parte, el Consejo de Estado estudia una demanda de nulidad contra el dictamen del procurador, que podría suspender sus efectos.