Este martes la justicia argentina determinó el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato, aseguraron fuentes oficiales.

El expediente, dirigido por el juez Julián Ercolini y por el que la exjefa de Estado ya declaró como investigada el pasado octubre, estudia un supuesto esquema de "beneficios exclusivos" a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.

Ercolini ordenó, además, contra Fernández un embargo de 10.000 millones de pesos ($ 664 millones) y el procesamiento de, entre otros, Lázaro Báez, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, y del exsecretario de Obras Públicas José López. (I)