El Partido Popular (PP) se deshace como los viejos ídolos con pies de barro. Los casos de corrupción en los que la formación conservadora más importante de España está involucrada se suceden cada semana y no parecen tener fin. El bombardeo de tramas es tan incesante que resulta difícil encontrar un solo ciudadano que no considere que la obra comenzada por José María Aznar, en 1996, afecte hoy a la propia estructura del Estado de manera endémica y generalizada.

Aunque resulta casi imposible de cuantificar, el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, calcula que España ha perdido $ 10.000 millones cada año por esta causa. Solo con el caso de Luis Bárcenas, el extesorero del PP que reconoció haber repartido dinero procedente “de constructoras, empresas de seguridad y donaciones” entre secretarios ejecutivos del partido y cargos públicos durante 20 años, la formación de Mariano Rajoy recibió cientos de millones de euros a cambio de firmar contratos fraudulentos por un valor estimado de $ 12.000 millones.

Es solo el ejemplo granado de otros aún más escandalosos que comienzan a salir a la luz y que implican directamente al partido más votado en España, incluso, a la Casa Real. La quiebra ha llegado a tal grado que el PP de Valencia ha comenzado a ser dirigido por una gestora debido a la imposibilidad de encontrar responsables que no estén implicados en diferentes causas judiciales relacionadas con la corrupción. Por el momento, hay 127 cargos valencianos imputados en todo tipo de investigaciones, desde la Gürtel, la red de financiación ilegal creada por el PP en Madrid y Valencia, a la Brugal, otra trama orquestada por el partido de Rajoy en Alicante para sobornar y extorsionar a empresas de limpieza, pasando por las facturas falsas que firmaban en Baleares con el cuñado del rey Felipe VI, el saqueo multimillonario realizado por todos los consejeros de una entidad financiera nacionalizada como Bankia durante la presidencia de Rodrigo Rato, exdirector del FMI y los 51 detenidos por el cobro de comisiones ilegales en Madrid que ya han provocado la dimisión de su responsable local, la exalcaldesa de la capital, Esperanza Aguirre, y el desmantelamiento completo de las direcciones madrileñas y valenciana, sus principales caladeros de votos en todo el país. Esta es la devastadora huella que ha dejado el PP tras 12 años en el gobierno de España.

A juicio de algunos expertos, toda esta ingeniería de corrupción masiva comenzó a diseñarse en 1996, tras la llegada de José María Aznar a la presidencia del país. “Con él, muchos cargos políticos del PP comenzaron a constituirse como clase económicamente dominante, usando la administración del Estado y las entidades de crédito con finalidad social, las cajas de ahorro, como sostén económico y el partido como paraguas que les proteja y coordine colectivamente”, afirma el sociólogo Rubén Juste, que durante más de dos años estudió y despedazó el modo en el que se diseñó el asalto al poder de la derecha española.

Durante los 8 años de gobierno de Aznar, el PP extendió su influencia en el sector económico del país, sellando acuerdos con la gran banca a cambio de ayudas políticas para la adquisición de empresas públicas que comenzaban a ser privatizadas. La estrategia inicial de Aznar consistía en posicionar a amigos en los consejos de administración de grandes empresas para mantener su control pero a medida que el PP aumentó su poder político en España, ayudado, en buena parte, por el excelente momento financiero que produjo la burbuja inmobiliaria, comenzó a cambiar su relación con las grandes empresas hasta transformarlas en parte del engranaje del partido. Entre 2000 y 2004 es cuando se ensambla la maquinaria entre el PP, las cajas de ahorro, las principales constructoras y varias de las grandes sociedades que compiten en el mercado de valores español, el Ibex35.

“Bajo este esquema, edificaron una cadena de dependencia de la empresa hacia el partido, donde florece una nueva clase económica, una élite política surgida de la burbuja inmobiliaria cuya originalidad es que también son, al mismo tiempo, los propietarios de grandes empresas”, explica Juste. Es decir, expolíticos como Rodrigo Rato y otros muchos cargos ahora imputados por corrupción pertenecían a una clase organizada que, con el ánimo de enriquecerse, “se hicieron con el control del Estado en el momento del salto de España a la economía global”, indica el sociólogo.

Y esa interdependencia permitió que el Estado, a través de las cajas de ahorro como Bankia, inyectara cuantiosas sumas de dinero en las empresas de construcción ahogadas tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y al borde de la quiebra. Así han sobrevivido transnacionales como Sacyr o gigantes como ACS, propiedad del presidente del Real Madrid,  Florentino Pérez, y la familia March, cuyo mayor acreedor fue el antecesor de Bankia, que le facilitó créditos sucesivos de $ 5.000 millones en 2006 para la toma de control de Iberdrola, de $ 1.500 millones en 2009 para refinanciar su deuda, y de $ 2.058 millones en 2012. Un descalabro financiero mayúsculo cuando miles de ciudadanos veían cómo estas mismas entidades financieras les arrebataban sus viviendas sin piedad.

“Ahora habrá que ver qué sucede con los ingentes recursos que quedan en manos del Estado y que son, por una cuestión de herencia, propiedad del grupo económico del Partido Popular”, concluye Rubén Juste. De ahí la aversión que muchos empresarios y cargos del PP están mostrando en las últimas semanas a dejar en manos de un nuevo gobierno de izquierda lo que siempre han considerado de su propiedad. (I)   

Datos

1.- Madrid: Operación Púnica: 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios fueron detenidos bajo la acusación de formar una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales. La dimisión de su presidenta en Madrid, Esperanza Aguirre, ha arrastrado al resto de la dirección.

2.- Tarjetas opacas de Caja Madrid / Bankia: La prácticamente totalidad de los consejeros de Caja Madrid (y posteriormente Bankia) durante las presidencias de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, usaron cientos de millones de dólares con cargo a las cuentas de la entidad que nunca declararon a Hacienda.

3.- Madrid y Valencia: El caso Gürtel. Extensa y compleja red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que obtenía ventajas y beneficios mediante sobornos a funcionarios públicos para obtener cuantiosos contratos inmobiliarios. En Valencia, el PP está dirigido por una gestora externa ante la imposibilidad de encontrar cargos sin relación con estas tramas.