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El Telégrafo
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Los funcionarios de Cataluña no estarán obligados a hablar en catalán

Pancarta en defensa del catalán en una manifestación.
Pancarta en defensa del catalán en una manifestación.
Foto: www.elperiodico.com
26 de febrero de 2016 - 12:28 - Agencia AFP

Los funcionarios del gobierno regional de Cataluña, dominado por los independentistas, ya no estarán obligados a hablar exclusivamente en catalán en su trabajo, por decisión de la justicia.

Hasta ahora, el gobierno regional establecía que los trabajadores públicos debían utilizar sistemáticamente el idioma de la región, tanto en sus comunicaciones internas como en el trato con el público: incluso si el ciudadano que se dirigía a ellos lo hacía en español.

Aunque el idioma oficial de España es el español, éste comparte cooficialidad con las lenguas propias de algunas regiones, como Cataluña, País Vasco o Galicia.

Los funcionarios catalanes debían usar el español sólo cuando "el usuario manifestara dificultades para entender el catalán o pidiera expresamente ser atendido en esa lengua".

Sin embargo el jueves, el Tribunal Superior de Justicia de la región dio la razón a un médico de un hospital público que denunció esta normativa.
Según los jueces, esta norma regional supone "una extralimitación".

"Siendo las dos lenguas oficiales medio normal de comunicación, el protocolo pretende imponer (...) el uso de una de ellas de una manera general y en toda circunstancia, sin justificación conocida", señala la sentencia.

Desde la restauración de la democracia en España, los diferentes gobiernos regionales de Cataluña invirtieron grandes esfuerzos en fomentar el uso del idioma propio, excluido de la esfera pública durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

Actualmente, un 80% de sus 7,5 millones de habitantes habla este idioma y casi un 95% lo entiende, mientras que el español es hablado y entendido por casi toda la población, según las cifras del gobierno regional.

En las escuelas públicas catalanas, las clases se imparten en catalán salvo la de lengua española, según el ejecutivo catalán para proteger un idioma minoritario frente a otro hablado por más de 550 millones de personas.

Una ley de educación aprobada en 2013 por el gobierno español y varias sentencias judiciales intentaron imponer un uso más equilibrado de ambos idiomas en la escuela pero hasta ahora el gobierno regional, en pleno desafío independentista, no ha cambiado su posición. (I)

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