El Gobierno francés de Emmanuel Macron aprobó un controvertido proyecto de ley que busca reducir los plazos de los trámites de las demandas de asilo para acelerar su concesión a quienes cumplan los requisitos y facilitar la expulsión de los rechazados.

El texto en favor “de una inmigración controlada y un derecho al asilo efectivo”, según su título, se comenzará a debatir en la Asamblea Nacional en un mes y quiere alinear la normativa francesa a la de otros países europeos.

En 2017, según recordó ayer en conferencia de prensa el ministro del Interior, Gérard Collomb, más de 100.000 personas solicitaron la protección de Francia, lo que supuso un aumento del 17% respecto al año anterior. Otras 85.000 no fueron admitidas en la frontera.

El Ejecutivo busca acelerar el tratamiento de las peticiones de asilo, reforzar la lucha contra la inmigración ilegal y mejorar las condiciones de integración de los extranjeros en situación regular.

La ley aumenta de 45 a 90 días, ampliables hasta 135, el plazo de retención para las personas en proceso de expulsión. Se trata de dar más tiempo a las autoridades para negociar la repatriación con los países de origen.

Al mismo tiempo reduce los plazos para tramitar las solicitudes de asilo, de los 11 meses de media actual a seis. El tiempo para recurrir el rechazo de la demanda se rebaja de un mes a dos semanas. Este cambio puede agilizar los trámites, pero también reducir el margen de los demandantes para preparar su apelación.

Quienes crucen sin autorización las fronteras francesas se exponen a una pena de un año de prisión y 3.750 euros de multa. Los sin papeles que usen un documento de identidad falso para seguir en Francia se exponen a penas de cinco años de prisión y 75.000 euros de multa.

Frente a la división que provoca el texto, incluso entre la mayoría gubernamental, el ministro consideró que se trata de un proyecto de ley “totalmente equilibrado” y necesario para el país.

“Siempre habrá críticas. (...) Tenemos que acoger, pero hacerlo bien”, concluyó.

La oposición de derechas considera este nuevo dispositivo demasiado laxo, mientras que para las asociaciones humanitarias es, en cambio, muy restrictivo. (I)