La Cámara baja de Florida aprobó ayer una ley que busca restringir la compra de armas tras la matanza del pasado 14 de febrero de Parkland, en la que murieron 17 personas, y la deja ahora en manos del gobernador Rick Scott para su firma.

La iniciativa, que tuvo una votación de 67-50, aumenta la edad para comprar rifles de asalto de los 18 a los 21 años, busca incrementar la seguridad en las escuelas y destina $ 400 millones para implementar las disposiciones.

La aprobación del proyecto, el primero de control de armas que llega a un gobernador de Florida en los últimos 22 años, ocurre tres semanas después del tiroteo de Parkland.  

Tras la aprobación de la medida en ambas cámaras, de mayoría republicana, el gobernador Scott tendrá la última palabra, pero hasta el cierre de esta edición no se pronunció sobre su firma o veto.

“Cuando un proyecto de ley llegue a mi escritorio, haré lo que no parecen estar haciendo en Washington. Voy a revisarla línea por línea”.

El republicano anticipó que la consultará con las familias de Parkland.

Ambas cámaras aprobaron la medida tras escuchar a los sobrevivientes del tiroteo de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, así como a las familias de las víctimas, en lo que es considerado como un desafío a la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Estudiantes que sobrevivieron a la matanza de la escuela en Parkland y que crearon el movimiento en redes sociales #NeverAgain (Nunca más) reclamaron el pasado 21 de febrero en el Capitolio de Florida nuevas leyes de control a las armas.

El de Parkland fue el tercer tiroteo masivo de Florida desde junio de 2016, cuando ocurrió la matanza de 49 personas en el club Pulse de Orlando, a la que se sumaron cinco muertos del ataque en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en enero de 2017.

El proyecto
El proyecto, que fue aprobado el pasado lunes en el Senado, además crea un programa enfocado para armar a algunos maestros y personal de aula, y establece un período de espera de tres días y verificación de antecedentes para la venta de armas.

El pasado 27 de febrero el gobernador Scott anunció una inversión de $ 500 millones para incrementar la seguridad en las escuelas, y discrepó con la idea de armar a los maestros propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como respuesta a la matanza de Parkland.

El plan diseñado por Scott establece, en lugar de armar a los profesores, que se disponga en los colegios de un agente de Policía por cada millar de alumnos.

Los demócratas batallaron para que se estableciera una moratoria en la venta de rifles AR-15, el arma que usó el exestudiante Nikolas Cruz en el tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland.

Los otros Estados
Desde 2015, media docena de Estados con una legislatura controlada por los republicanos y un gobernador republicano aprobaron leyes de armas modestas que, la mayoría, tratan con un creciente consenso sobre las armas de fuego: que los abusadores domésticos no deberían poseer.

Alabama, Louisiana, Carolina del Sur, Tennessee y Dakota del Norte prohibieron que los agresores nacionales condenados obtuvieran armas de fuego. (I)

La propuesta
3 días para vender rifles
El proyecto de ley también exige un período de espera de tres días para las ventas de rifle y escopeta. Autoriza a la Policía que retire temporalmente un arma de fuego de alguien que se considera un riesgo público.

17 personas murieron el pasado 14 de febrero en el ataque en el colegio en Florida.  

Los demócratas en contra
La mayoría de los demócratas votó en contra de la primera ley de control de armas porque “no es suficiente”. (I)

La restricción de acceso para “personas peligrosas”
Los senadores Marco Rubio y Bill Nelson anunciaron ayer su intención de proponer una legislación que dote a los estados de ayudas para desarrollar sus propias normas sobre el acceso a armas de fuego a “personas peligrosas”, tras el tiroteo de Florida.

La propuesta de los dos senadores de Florida implica que los estados  decidan si elaboran un mecanismo de prevención de la violencia con armas de fuego, en el que las familias y fuerzas del orden tendrán una vía para pedir que se retire el acceso y uso de armamento a un individuo al que consideren peligroso.

El plan, afirmó Rubio a los periodistas, es un programa de ayudas a los estados que se acojan a esta iniciativa siempre que cumplan con el establecimiento de esos procedimientos de prevención.

Como parte del protocolo, el senador republicano incidió en que la persona sobre la que se inicie el proceso de prevención de violencia tendrá la oportunidad de ser escuchado en audiencias, así como la recepción de notificaciones oficiales.

El plan de Rubio también permite que a los solicitantes se les retire el acceso a las armas.

Estas personas pueden optar por una “orden de emergencia”, que puede aplicarse con una duración de hasta 14 días y solo en situaciones extraordinarias.

Otra de las cláusulas que plantea el mecanismo es establecer una sanción mínima ante falsas alegaciones para restringir su acceso. (I)