La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el lunes que examinará el sensible tema de la geolocalización de las personas por la intervención de su celular.

Esta posibilidad técnica es de gran ayuda para la investigación policial, pero hay quienes la denuncian como una grave violación de las libertades y del respeto de la vida privada.

Muchos estadounidenses creen que el acceso a los datos de geolocalización de teléfonos celulares solo debe permitirse mediante una orden judicial y no por la simple petición de la policía.

El caso que el máximo tribunal agregó el lunes a su agenda se refiere a un hombre, Timothy Carpenter, que fue condenado por robo a mano armada en el área de Detroit.

Los investigadores habían rastreado los movimientos del sospechoso obteniendo su geolocalización mediante la intervención de su teléfono durante 127 días.

Los abogados del condenado alegaron ante la justicia que la recopilación de esos datos era similar a una incautación y que, realizada sin orden judicial, violaba la cuarta enmienda de la Constitución.

Esta enmienda protege a los ciudadanos contra los registros e incautaciones que no tengan una justificación seria y requiere una orden para cualquier registro. (I)