Uno de los temas de campaña de François Hollande era la recuperación económica y, para lograrlo, se trataba de dar la prioridad a la reindustrialización de Francia. Es en esta óptica que después de su elección se creó el nuevo Ministerio de Recuperación Productiva. Se trata de una entidad con un nombre vago que tiene por misión iniciar con la política industrial del Gobierno y promover la innovación.

La batalla del ‘made in France’ es hasta ahora poco exitosa. Detrás de la intervención enérgica del ministro encargado del asunto, Arnaud Montebourg, sobraron solo los discursos.

Montebourg no pudo impedir el quiebre de las miles de empresas desde la llegada del presidente socialista ni tampoco frenar el fenómeno de las deslocalizaciones. Uno de los casos destacables es el cierre de los altos hornos de Florange, un sitio siderúrgico histórico del este de Francia, donde el Ministro reconoció que falló y que estaba a punto de abandonar su cargo.   

De hecho, Montebourg tuvo varios conflictos con el resto del poder Ejecutivo y muchos analizaron su impotencia como consecuencia de una mala relación con el antiguo primer ministro Jean-Marc Ayrault.

Después del fracaso de las elecciones municipales, que ocasionaron un cambio de Jefe de gobierno para Manuel Valls, la recuperación productiva parece más prominente.

En plena tormenta con el caso Alstom, una gran empresa francesa especializada en los transportes ferroviarios y la producción de energía en dificultades financieras, el Gobierno sacó el miércoles pasado un decreto que aumenta el poder del Estado sobre las inversiones extranjeras. El acto, calificado como orientación hacia el ‘patriotismo económico’, trata de proteger los sectores estratégicos de la economía francesa que todavía no lo eran, como la salud, el transporte y la energía.

Concretamente, el decreto genera las armas jurídicas a las autoridades para interferir en las negociaciones sobre las inversiones extranjeras en los sectores mencionados.

Es una manera de demostrar la capacidad de actuación del Estado, evitar la pérdida de más industrias y orientar las tomadas de decisiones, como lo quiere hacer en el dossier Alstom.

Las críticas contra este ‘decreto sorpresa’ han sido casi instantáneas. Para el líder de la oposición de derecha Jean-François Copé, se trata de un capricho de un gobierno que “pone en una situación dramática a los industriales del país”.

Mientras que un exdirigente del patronato francés, Jean-Claude Volot, dijo que Montebourg “está loco”. Los opositores argumentan que este tipo de política solo provocará la fuga de los capitales extranjeros, que ya hacen falta en Francia. Varios políticos y personalidades califican a este proyecto como de carácter proteccionista, subrayando que la intervención podrá solo dañar aún más la economía del país.

El mayor obstáculo del primer logro de la política de recuperación productiva será convencer a las autoridades de la Unión Europea.

La Comisión Europea invalidó las decisiones de este tipo por no respetar las reglas comunes. Los comisionados de Bruselas van a tratar de verificar si la medida está aplicada de manera proporcionada y si cumple o no con el principio de libre circulación de capitales.

Datos

El texto del decreto del Ejecutivo francés, publicado en el Boletín Oficial el jueves pasado, somete a la autorización previa del Ministro de Economía las inversiones por parte de grupos extranjeros.

La autorización prevé una serie de casos en los que esté en juego la continuidad de la actividad y de las infraestructuras, o la preservación de ciertas competencias.

Con estas disposiciones, el Gobierno tiene más peso en la negociación en curso con Siemens y General Electric, que compiten por lograr la división de energía del grupo francés Alstom, fabricante del tren de alta velocidad TGV y de turbinas eléctricas.