La convivencia intercultural en Francia vive sus peores momentos desde el traumático declive de su imperio al término de la II Guerra Mundial. El último episodio de enfrentamiento nace de la utilización de mujeres de origen árabe en playas y piscinas públicas del burkini, un bañador que envuelve el cuerpo femenino desde la cabeza hasta los tobillos.

Tres localidades turísticas de la Costa Azul gala prohibieron su uso al considerarlo como “una señal de adhesión al yihadismo” y por plantear “problemas de higiene” a los usuarios de unos servicios de ocio estival que durante los días de calor se encuentran atestados de visitantes. La polémica se desató a principios de agosto cuando la ONG Smile 13 alquiló un gran parque acuático privado en Pennes, un municipio cercano a Marsella, la ciudad costera más importante del sureste de Francia, para celebrar un evento festivo el 17 de septiembre destinado exclusivamente a mujeres vestidas con el burkini o cubiertas de manera integral siguiendo el patrón más ortodoxo del islam.  

Entre las normas de la organización se prohibía el acceso a los varones, excepto a los menores de 10 años acompañados de familiares. Lo que nadie esperaba es que esta inédita y controvertida convocatoria encendiera la llama de un escándalo que ha ido propagándose sin control por otros municipios de Francia donde residen ciudadanos de origen árabe. De nada sirvió la presión ejercida por la alcaldía de Pennes para que Smile 13 anule el evento y calmar así los caldeados ánimos de grupos anónimos que amenazaron de muerte a los organizadores. El incendio ya se había extendido.  

Primero el ayuntamiento de Cannes y luego el de Villeneuve-Loubet, localidades que como Marsella están ubicadas en la Costa Azul gala, emitieron edictos de urgencia la semana pasada para prohibir el uso del burkini en lugares públicos con el argumento de que “manifiesta de forma ostentosa una pertenencia religiosa, cuando Francia y los lugares de culto religioso son actualmente objetivo de ataques terroristas” y, sobre todo, porque “puede provocar disturbios de orden público”. Estas palabras solo aumentaron la tensión.

El sábado, en el municipio de Sisco, en la isla mediterránea de Córcega, un grupo de jóvenes se enfrentó a golpes con familias de origen magrebí debido a que las mujeres que disfrutaban de un baño marino ataviadas con el burkini fueron fotografiadas sin permiso por turistas. En la reyerta hubo cinco heridos por arma blanca. Al día siguiente, medio millar de personas protestó en Bastia, al norte de la isla, al grito de “vamos a enseñaros que este es nuestro país” hasta que fueron disueltos por la Policía tras intentar asaltar un barrio mayoritariamente magrebí. El Gobierno regional de Córcega pidió formalmente al Elíseo que cierre las mezquitas fundamentalistas que supuestamente hay en la isla.

La Liga de los Derechos Humanos (LDH) y el CCIF, principal sindicato de izquierda francés, denunciaron las ordenanzas municipales contra el uso del burkini en lugares públicos y alertó del “peligro que supone para la convivencia pacífica este tipo de imposición en un momento de especial tensión para la convivencia como el que existe en la actualidad”. Sin embargo, un tribunal de Niza ratificó la prohibición de exhibir el burkini en público al considerar que el veto respeta el artículo 1 de la Constitución, el que define al Estado francés como una república laica “capacitada para hacer prevalecer el respeto a las reglas comunes sobre las creencias religiosas”.

La sentencia añade que en el actual estado de emergencia que vive el país y ante los recientes atentados, un bañador diferente del habitual puede ser interpretado como algo más que “un simple signo religioso”.

Francia se rige desde 2004 por una estricta ley sobre la laicidad que prohíbe, entre otras muchas cosas, llevar símbolos religiosos ‘ostensibles’, es decir, visibles e intencionados para destacar la pertenencia a una religión en el interior de las escuelas públicas.

Entre los artículos concretos que se citan en la normativa están el hijab musulmán, la kipá judía, el turbante sij y las grandes cruces cristianas. Una gran mayoría de franceses, y en particular de profesores, apoyan la prohibición, mientras que organizaciones musulmanas, junto con organizaciones judías, cristianas y civiles, han expresado su oposición a esta ley, entre ellas Amnistía Internacional.

Para los juristas, los incidentes provocados por el uso de un bañador son la primera muestra de la inquietante desconfianza que brota en la sociedad francesa hacia los colectivos islámicos tras los ataques yihadistas en el país. (I)