La sombra del régimen militar liderado durante 17 años por Augusto Pinochet (1973-1990) aún genera ruido en la sociedad chilena. No solo se acaban de cumplir 10 años de la muerte del dictador, sino que su viuda, Lucía Hiriart, de 93 años, declaró la semana pasada en una causa como acusada por supuesta malversación de bienes públicos y apropiación indebida de terrenos e inmuebles. Pero lo que ocurrirá hoy  no tiene antecedentes y se espera que nuevamente se alteren las posiciones respecto a los condenados por crímenes cometidos durante la era de Pinochet.

En un hecho inédito, se espera que al menos seis de los 140 presos que cumplen condena en el penal de Punta Peuco, especialmente construido en 1995 para exmilitares o exagentes que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, pidan perdón por sus crímenes. Todo, en el marco de una ceremonia ecuménica, que va a tener lugar en medio de un debate para que a varios de los condenados se les otorguen beneficios carcelarios.

En esta ceremonia se espera que participe y pida perdón el exgeneral Raúl Iturriaga Neumann, exsubdirector de la DINA -el organismo que llevaba a cabo la represión durante el régimen militar, en el papel de la Policía secreta de Pinochet-, exoficial condenado a cadena perpetua por el asesinato, en 1974, del general Carlos Prats y su esposa. También estará presente el exfiscal militar Fernando Torres Silva, que condenó a cientos de detractores del régimen cuando la justicia no operaba de manera libre en el país. Desde 2015 Torres cumple 10 años de condena.

El acto ecuménico en Punta Peuco será encabezado por el sacerdote jesuita Fernando Montes, quien tiene una relación cercana con varios personeros de la Nueva Mayoría, la alianza de la presidenta Michelle Bachelet. También estará presente Alfred Cooper, excapellán de La Moneda.

El trasfondo de la ceremonia es un debate que puso en la mesa el expresidente Sebastián Piñera (centroderecha, 2010-2014), en conjunto con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, para que los reclusos mayores de 75 años o quienes sufran una enfermedad terminal cumplan su condena en modo de arresto domiciliario.

El titular de la Suprema señaló: “El beneficio o derecho consiste en cumplir la pena de otra forma que no sea preso, puede ser en libertad o prisión en su casa, pero no es libertad, ellos están condenados y cumplirían la sentencia de un modo distinto a aquel que lo están haciendo ahora”.

Tanto el sacerdote Montes, como Dolmestch, han recibido críticas, especialmente por parte de las víctimas de la dictadura de Pinochet. También los grupos defensores de derechos humanos han cuestionado el pedido de perdón de los exrepresores y denunciaron un mero oportunismo para eventualmente recibir beneficios carcelarios.

Fue el propio Piñera quien ordenó en 2013 el cierre del penal Cordillera, otra cárcel especialmente construida para exmilitares. Así, en esa ocasión, los condenados fueron trasladados a Punta Peuco. Esa acción le valió elogios a Piñera desde diversos sectores de la izquierda, que han presionado sin éxito para que los exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos cumplan sus condenas en cárceles comunes y corrientes y no en recintos especiales con decenas de comodidades.

Pero el debate está lejos de terminar. Mientras el cura Montes sostiene que “una sociedad que castiga las penas graves no puede perder civilidad”, en Twitter cientos de internautas lanzaron duras críticas en su contra.

También el diputado comunista Hugo Gutiérrez señaló respecto al pedido de perdón de los exrepresores: “Yo creo que es un perdón mentiroso, creo que de lo que ellos andan  atrás es de la búsqueda de su libertad y saben, que, mientras no pidan perdón por lo que hicieron, malamente la ciudadanía va a pensar; y por supuesto el mundo de los DD.HH. tampoco va a estar disponible para aceptar que salgan sin haber hecho un arrepentimiento eficaz”. (I)