La esperanza de un final pacífico al conflicto independentista de Cataluña vivió ayer un agónico desenlace en Madrid y Barcelona.   

Pese a las reiteradas advertencias de su principal socio en esta batalla, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de que el asunto estaba encarrilado, el gobierno de Mariano Rajoy pulsó el botón rojo que supone la intervención automática del autogobierno catalán.    

La fractura de insospechadas consecuencias para el futuro de España se ha consumado después de 40 años de tranquila convivencia.

A partir de ahora, Cataluña no gozará de las ventajas que le reportaba un régimen autónomo para la gestión de su educación, su policía, su cultura, lengua, sanidad, agricultura y pesca, agua, industria, patrimonio histórico, medio ambiente, ciencia, gobierno, turismo, transporte, medios de comunicación y un amplio catálogo de competencias que hoy pasarán a manos del gobierno español de forma indefinida.

Y todo pese a que durante la mañana se albergaron esperanzas de que Puigdemont renunciara a declarar la independencia unilateral de Cataluña y aceptara convocar a elecciones autonómicas.

El PSOE celebró esta filtración por todo lo alto. Fuentes del gobierno catalán llegaron a poner incluso fecha a esos comicios: el 20 de diciembre.

El rumor se tornó certeza cuando dos de los diputados nacionalistas que con más claridad mostraron su inclinación soberanista presentaron su dimisión irrevocable.

Pero apenas una hora después, el cielo se oscureció de repente. En un comunicado transmitido desde el Palacio de gobierno catalán, y no desde el Parlamento donde inicialmente tenía previsto comparecer, Carles Puigdemont reconoció haber considerado la posibilidad de “ejercer la potestad” como presidente de Cataluña para disolver la Cámara legislativa autonómica y convocar elecciones antes de que el ejecutivo español anunciara la aplicación irrevocable del artículo 155.

El presidente añadió que, a cambio de esta convocatoria, pidió “garantías” de que los comicios se celebraran “con absoluta normalidad”. Sin embargo, aseguró que no recibió ninguna de esas garantías del gobierno español que ni siquiera se molestó “en responder de forma responsable”.

En la declaración, el líder soberanista entiende que ante el actual estado de las cosas, “ahora corresponde al Parlamento regional  proceder con lo que la mayoría parlamentaria determine en relación a las consecuencias del 155”. (I)